El intendente de Río Grand Martin Perez alertó sobre la grave situación económica que atraviesa la ciudad y advirtió que, si el gobierno nacional no cambia su política, será muy difícil para una localidad que vive del empleo industrial. La baja de aranceles a la importación permitió el ingreso de celulares a bajo costo que antes se producían en Tierra del Fuego, y ahora podría ocurrir lo mismo con los aires acondicionados.
El jefe comunal señaló que está en contacto con organizaciones gremiales y empresas, que advierten sobre complicaciones en el empleo vinculado a la producción de aires acondicionados. En este contexto, anticipó que la ciudad podría revertir el fenómeno de crecimiento poblacional y comenzar a disminuir su población. "Este año yo creo que el proceso, digamos, de alguna manera va hacia eso, porque además, o sea, ha caído la tasa de natalidad", afirmó.
Explicó que Río Grande enfrenta un doble impacto: la caída de la tasa de natalidad y una situación migratoria complicada. "Es preocupante, es alarmante, lo vengo señalando hace mucho tiempo", enfatizó, y destacó que el municipio está haciendo todo lo posible "con un esfuerzo enorme, con la dificultad que tenemos en términos de recurso".
Además de la caída de recursos nacionales, denunció la deuda de coparticipación que mantiene el gobierno provincial con Río Grande. El municipio se ocupa de salud, atención deportiva, cultura, cuidados y obra pública, "en relación a la caída estrepitosa de recursos que hemos tenido".
Sobre la deuda provincial, detalló que el atraso pasó de 23-24 días, "que era relativamente razonable", a casi 45 días en la actualidad, habiendo llegado "casi a 90 días" en el momento más crítico. "Estamos hablando de un monto de casi 17.800 millones de pesos", precisó.
Para dimensionar el impacto, comparó: "Hoy es el total del presupuesto de salud para el año que viene. Es casi el total del 95% del plan de obras municipal. Son tres veces el presupuesto destinado a deporte". Ante la pregunta sobre la justificación de este atraso, respondió: "Mire, no sé, deberíamos preguntarle al gobierno de la provincia. Yo a esta altura, la verdad que ya lo veo como un intento de ahogo financiero".
Remarcó que se trata de dinero que ya ingresó a la provincia y que debe distribuirse conforme a la ley, "ni más ni menos". Analizó la situación desde el punto de vista político: "Si el problema es político, yo no tengo ningún tipo de inconveniente en ser convocado por el gobernador, en sentarme en una mesa de diálogo para ver cuál es la situación".
El intendente pidió que el gobierno provincial normalice el atraso, aclarando que no exige que se resuelvan de inmediato los 17.800 millones de pesos, sino "que por lo menos disminuya la cantidad de días de atraso de 45 a 25 días, estamos hablando de 20 días que es mucho, pero mucho dinero y realmente nos complica la situación".
Informó que ya intimaron al ministro de Economía provincial para que se ponga al día con la deuda de coparticipación y que respondieron un pedido de informes del Concejo Deliberante. Adelantó que en la próxima sesión concurrirán con el equipo técnico para clarificar la situación financiera precisa.
También solicitarán a los concejales que eleven esta situación a la Legislatura provincial "para que todos los legisladores estén en conocimiento de la deuda que el gobierno tiene y el ahogo financiero que esto implica para Río Grande". En ese marco, consideró necesario volver a discutir el goteo de coparticipación, un proyecto aprobado en su momento pero vetado por el Ejecutivo.
"Estamos prácticamente a la deriva para que el ministro de economía decida o no decida apretar el botón para enviarnos los recursos que nos corresponden", expresó, subrayando que no se trata de ningún peso adicional sino de los recursos correspondientes a los vecinos de la ciudad.
Consultado sobre posibles medidas judiciales, señaló que están haciendo todo el recorrido administrativo, institucional y político correspondiente. "No queremos nunca llegar a la instancia judicial porque me parece que yo nunca estuve de acuerdo digamos con la judicialización de la política", aclaró, pero advirtió: "La situación ya es crítica, es crítica la situación para el municipio".
Sostuvo que no se puede mantener una deuda de 18.000 millones de pesos sin saber si en una semana será de 19.000 o 20.000. "Estamos sujetos a discrecionalidad de un ministro de economía que decide o no decide enviarnos los recursos según lo que crea conveniente", cuestionó, añadiendo que "los vecinos de Río Grande terminan siendo rehenes de una situación que es muy alarmante".
Sobre el impacto en los pagos, aclaró que no hay riesgo en el pago salarial, que está siempre previsto, pero señaló que será muy difícil negociar un incremento salarial "sobre la base de esta incertidumbre". "¿Qué le podemos decir a las entidades gremiales? No, miren, no sabemos si el ministro de economía nos va a enviar los recursos o no, tal vez una semana se le antoja enviarnos los recursos y la semana siguiente no", planteó.
Denunció que nadie del gobierno provincial ha dado respuestas a la situación. "Hemos tenido que intimar al ministro de Economía para que se pongan al día", recordó, y ejemplificó: "Cuando fui al Concejo Deliberante, hace dos semanas atrás, dije que la deuda era de 16.000 millones de pesos. Hoy la deuda es de 17.800 millones de pesos, es decir, que la respuesta fue justamente otra cosa, fue el ahogo financiero".
Por último, descartó enfáticamente ser candidato a gobernador: "No soy candidato a gobernador, lo he mencionado innumerable cantidad de veces". Aseguró que su responsabilidad es "gobernar la ciudad de Río Grande y lo voy a hacer hasta el 14 de diciembre del año que viene". Sobre la relación con el gobernador, fue claro: "No quiero ser el mejor amigo del gobernador, no hace falta. Necesito que los recursos que le corresponden a la ciudad lleguen en tiempo y forma, nada más por el bienestar de nuestra ciudad".
