La Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS 1982 - Concertación TOAS impulsa un amparo colectivo para que la Justicia examine si el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Reglamentario 509/88, estableció limitaciones que no estaban previstas en la ley sancionada por el Congreso. La organización también convocó a una colecta de firmas para los días 8 y 9 de agosto.

En un comunicado, la entidad señaló que más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas, continúa sin resolución judicial una controversia vinculada con los derechos de los Veteranos de Guerra del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

La discusión se centra en la relación entre la Ley 23.109, que reconoció como Veteranos de Guerra a quienes participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante el conflicto de 1982, y el decreto reglamentario dictado posteriormente. Según sostiene la asociación, el Decreto 509/88 incorporó restricciones que la ley no había establecido y que terminaron limitando derechos derivados del reconocimiento legal.

El planteo apunta a determinar si un decreto reglamentario puede restringir derechos establecidos por una ley o si, al hacerlo, el Poder Ejecutivo excedió las facultades que le otorga la Constitución Nacional. El reclamo invoca particularmente el artículo 99, inciso 2, referido a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Durante la tramitación del expediente, la jueza interviniente solicitó al Estado un informe antes de resolver una medida cautelar. El Estado advirtió que una eventual suspensión o declaración de invalidez del decreto podría afectar el interés público y tener consecuencias presupuestarias, debido a posibles futuros pedidos de pensiones. Según el planteo de la entidad, la magistrada utilizó esos argumentos para rechazar la acción sin abrir el proceso ni analizar la constitucionalidad del decreto cuestionado.

Desde Concertación TOAS cuestionaron que la resolución tomara como antecedente un fallo correspondiente a un caso individual, argumentando que se trata de procesos con objetos diferentes. Mientras aquella causa discutía la situación particular de una persona, el amparo colectivo busca establecer si la reglamentación del Poder Ejecutivo es constitucional.

El expediente llegó a la Corte Suprema, aunque el máximo tribunal todavía no está analizando el fondo de la controversia. Por ahora, la discusión es estrictamente procesal y está relacionada con el modo en que deben computarse los plazos a partir de las notificaciones electrónicas. Si esa cuestión se resuelve favorablemente, quedaría abierta la posibilidad de que, por primera vez en más de 40 años, un tribunal argentino analice el fondo del planteo sobre la constitucionalidad del Decreto 509/88.