El Área de Acceso a Justicia del Poder Judicial avanza en la construcción de un protocolo provincial junto a profesionales de los equipos de la dirección pericial, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de violencia y presunto abuso sexual. La iniciativa se desarrolla en el marco de la implementación de la Ley Provincial 1523.
El martes 4 de agosto se realizó una nueva reunión de trabajo virtual que permitió poner en común las prácticas periciales que se aplican actualmente en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Durante el encuentro se analizaron las distintas metodologías de intervención ante casos de presunta violencia sexual infantil, se identificaron criterios coincidentes y se reconocieron las particularidades territoriales.
En la jornada participaron más de una veintena de profesionales de las tres ciudades, entre ellos Lorena Manzaraz, Valeria Gatica, Ivana Rullan, Micaela González, Maximiliano Heredia, Marina Zamar, Ignacio Urcola, Daniela Soria, Miriam Fercher, Anabela Rozas, María Zaragoza, Mónica Vale, Lucila Peña, Rosa Sánchez, Mario Espeche, Mariela Visens, Gilda Rodríguez, Belén Rivadero, Andrea Rossi, Mariángeles Villarreal y Rosana Parentini. Por el Área de Acceso a Justicia estuvieron presentes Graciela Pérez Vera y Jessica Name.
Uno de los principales objetivos consiste en transformar las buenas prácticas que ya se aplican en las tres localidades en estándares comunes de actuación, con especial atención en la protección integral de menores. El trabajo también propone reforzar el uso del lenguaje claro para facilitar la comprensión de las familias respecto de las distintas etapas de intervención, entre ellas la entrevista preliminar, la audiencia y la pericia.
Para la construcción del protocolo se establecieron como ejes la definición de criterios compartidos y técnicas de intervención, la regulación de entrevistas institucionales, la observación y el análisis documental, y las reuniones interinstitucionales. Además, se abordó la importancia de la formación continua, los ateneos de supervisión y las estrategias de autocuidado para quienes intervienen profesionalmente en situaciones de alta complejidad.
Otro aspecto central será la articulación entre todos los profesionales que integran el circuito, con una posterior coordinación con Juzgados, Fiscalías y Defensorías, para favorecer una intervención integral y organizada. La elaboración del protocolo busca consolidar estándares compartidos en toda la provincia y avanzar hacia procedimientos que contemplen tanto las particularidades territoriales como la necesidad de brindar una respuesta integral ante situaciones de violencia y abuso sexual infantil.
