El Gobierno nacional creó un sistema en la Cancillería para coordinar y unificar toda gestión internacional relacionada con el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. Los organismos públicos deberán designar enlaces institucionales para canalizar información sobre acciones que puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.
Las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual de la Cancillería ni implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes. La obligación de informar abarcará las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.
Según el documento oficial, el Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina. El área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.
Para cumplir con estos objetivos, cada organismo alcanzado por el sistema deberá designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. La Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.
Previamente, el canciller Pablo Quirno había explicado que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. "No hay tiros independientes individuales", afirmó.
Quirno confirmó además que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de "un tema principalmente de política exterior" y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.
Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.
El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas. Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca.
La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.
El Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.
