El oficialismo convocó a una sesión especial para el 18 de noviembre con el objetivo de avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca ampliar las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, con especial atención a las firmas vinculadas al proyecto Sea Lion.
La negociación parlamentaria coincide con la definición del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que el 28 de noviembre tiene previsto pronunciarse sobre el pedido argentino para suspender las operaciones de la petrolera.
El emprendimiento, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, proyecta iniciar las perforaciones en 2027 y la producción comercial un año después.
El principal cuestionamiento está en el Título VII, que incorpora modificaciones electorales y nuevas figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera.
Los bloques dialoguistas reclaman excluirlo. Para evitar que las diferencias frenen toda la iniciativa, La Libertad Avanza analiza una votación por capítulos y busca sumar apoyos de otros sectores, incluido el peronismo.
El proyecto propone ampliar las penalidades vigentes, con multas, inhabilitaciones y restricciones para contratar con el Estado. En paralelo, Cancillería mantiene procedimientos administrativos contra 60 personas y empresas relacionadas con la explotación petrolera en Malvinas.
La Argentina solicitó medidas provisionales para impedir nuevos avances mientras se resuelve la controversia. El Reino Unido rechazó el planteo y cuestionó la competencia del tribunal.
En el Gobierno contemplan una resolución favorable, una concesión parcial o el rechazo del pedido. Cualquiera sea el resultado, aseguran que continuarán con el arbitraje internacional y las actuaciones diplomáticas y administrativas.
La mesa política se reunirá el 17 de noviembre para definir la estrategia legislativa. Si obtiene media sanción en Diputados, el proyecto todavía deberá pasar por el Senado.





