El Gobierno remitió a la Legislatura el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, una de las medidas comprometidas con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina en el acuerdo que permitió levantar el paro por tiempo indeterminado iniciado a comienzos de agosto y normalizar las clases después de año atravesado por la conflictividad salarial con el SUTEF.

La iniciativa crea un Fondo de Financiamiento Educativo y establece que los recursos que lo integren serán adicionales a los fondos educativos existentes. El objetivo es sostener salarios, infraestructura, equipamiento y nuevas tecnologías, pero también fijar un sendero para incrementar progresivamente la inversión provincial en educación.

El proyecto fue enviado con trámite de urgencia, una herramienta prevista por el artículo 111 de la Constitución Provincial que pone en marcha un plazo de 30 días hábiles administrativos desde su recepción, que comenzó a correr ayer y vence el viernes 6 de noviembre. Dentro de ese período la Legislatura debe pronunciarse: si la iniciativa no es expresamente rechazada, se considera aprobada. El Parlamento puede, no obstante, dejar sin efecto la urgencia y continuar su tratamiento por la vía ordinaria.

Cómo se financia el Fondo

El proyecto no deja la conformación del Fondo librada únicamente a futuras partidas presupuestarias. El artículo 6 identifica distintas fuentes específicas de financiamiento.

Entre ellas incorpora una alícuota adicional del 3% sobre Ingresos Brutos para las actividades gravadas desarrolladas por el Banco de Tierra del Fuego, dejando expresamente fuera de aplicación para este aporte la exención que el Código Fiscal reconoce a la entidad.

También establece una alícuota específica del 3,47% de Ingresos Brutos sobre la actividad identificada con el código 352022, correspondiente a la distribución de gas natural. Este cambio es significativo porque actualmente esa actividad tiene una alícuota de IIBB del 0%, por lo que la iniciativa incorpora una nueva carga tributaria sobre la distribución del servicio. Ese mayor costo pasará a formar parte de los costos de la actividad y, seguramente, terminará impactando sobre el monto de las facturas que pagan los usuarios de gas.

A esos ingresos se podrán sumar hasta el 10% de los recursos adicionales que genere el incremento de alícuotas o la creación de afectaciones específicas sobre actividades productivas o económicas consideradas estratégicas; hasta el 40% de los recursos adicionales provenientes de modificaciones de alícuotas o bases imponibles del Impuesto Inmobiliario; y hasta el 10% de los mayores recursos obtenidos por cambios en la distribución de utilidades de empresas estatales.

El Fondo también podrá recibir recursos vinculados con la explotación del hidrógeno verde y, en el futuro, ingresos provinciales con afectación específica provenientes de nuevas actividades económicas relacionadas con la economía del conocimiento

Menos recursos para los municipios

Otra de las fuentes tendrá efecto sobre los recursos que actualmente se distribuyen a los municipios. El inciso g) del artículo 6 del proyecto establece que el 0,5% del total recaudado por la Provincia en concepto de Ingresos Brutos será destinado al Fondo y quedará exceptuado del régimen general de distribución municipal.

Para dimensionar el impacto, AREF informó que entre enero y julio de este año la recaudación de Ingresos Brutos alcanzó los $109.529 millones. A valores actuales y tomando esa recaudación como referencia, la detracción que sufrirían los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin rondaría los 550 millones de pesos.

La mitad deberá ir a salarios

El destino del dinero tampoco quedará enteramente a criterio del Ejecutivo. Como mínimo, el 50% deberá utilizarse para fortalecer el salario docente; no menos del 25% deberá destinarse a mantenimiento, servicios, mejoras y nueva infraestructura escolar; y otro 15%, como mínimo, financiará recursos, equipamiento tecnológico y herramientas didácticas.

El porcentaje restante podrá atender contingencias, necesidades tecnológicas emergentes o prioridades operativas del sistema educativo.

Del 4,5% al 7,8% del PBG

La otra pata del proyecto es establecer cuánto debería invertir la Provincia en educación. La propuesta fija un recorrido de cinco ejercicios fiscales: comienza con una inversión equivalente al 4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG), sube al 4,98% en el segundo año, al 5,70% en el tercero, al 6,60% en el cuarto y alcanza el 7,8% en el quinto ejercicio.

El PBG puede entenderse como el equivalente provincial del Producto Interno Bruto: mide el valor generado por la producción de bienes y servicios dentro de Tierra del Fuego. Para calcularlo, el Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) estima el valor agregado producido por las distintas actividades económicas —industria, hidrocarburos, comercio, construcción, administración pública y servicios, entre otras— y consolida esos resultados siguiendo la metodología de las cuentas económicas provinciales.

El Instituto ya cuenta con una serie con año base 2004. Para 2024 estimó preliminarmente un PBG, medido por su Valor Agregado Bruto a precios corrientes, de aproximadamente $3,77 billones. Tomando ese valor únicamente como referencia, el 4,5% equivale a unos $170.000 millones y el 7,8% a alrededor de $294.000 millones.

El proyecto prevé establecer específicamente la línea de base y la metodología de estimación que se utilizarán para aplicar la nueva ley. Esa definición será determinante para establecer qué valor del PBG se tomará en cada ejercicio y cómo se actualizará la meta de inversión.

Otra cuestión todavía en construcción es la referencia salarial vinculada al costo de la Canasta Básica Total, uno de los puntos surgidos del acuerdo con el SUTEF. Para avanzar hacia una eventual equiparación salarial será necesario contar con el indicador provincial que se utilizará como parámetro.