Carlos Córdoba continuará en libertad mientras el Superior Tribunal de Justicia revisa el recurso presentado contra la condena dictada en su contra. La excarcelación no modifica el fallo de primera instancia ni anticipa una decisión sobre el fondo de la causa: la sentencia sigue vigente, aunque todavía no está firme.

Maximiliano Ercole, abogado defensor del dirigente sindical, explicó que asumió la representación una vez finalizado el debate, cuando su defendido ya estaba detenido con prisión preventiva. En ese momento todavía no se conocían los fundamentos de la sentencia, que fueron difundidos dos semanas después, y cuestionó que Córdoba permaneciera privado de su libertad sin conocer las razones completas de esa medida.

La defensa presentó primero un pedido de excarcelación ante el Tribunal de Juicio, que fue rechazado. El Ministerio Público Fiscal también dictaminó en contra y el Tribunal sostuvo que, como los fundamentos de la sentencia habían sido diferidos, no podía adelantar su criterio. Frente a esa resolución, el estudio interpuso un recurso de casación y llevó el planteo ante el Superior Tribunal.

El argumento central fue que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios para mantener una prisión preventiva. Ercole sostuvo que no se estaba respetando el principio de inocencia, que sólo puede ser derribado por una sentencia de condena firme, y agregó que tampoco se daban los supuestos previstos para justificar la detención: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El abogado cuestionó especialmente la posibilidad de entorpecimiento una vez terminado el juicio. Afirmó que cuando hay una sentencia de condena no hay una investigación posterior ni una prueba que todavía no esté producida y que el imputado pueda tergiversar o intentar eliminar. También indicó que entre los argumentos considerados al ordenar la prisión preventiva figuró una supuesta situación de intimidación hacia uno de los testigos, elementos que según la defensa no justificaban mantener la detención.

La resolución que permitió la excarcelación corre por una vía distinta al cuestionamiento de la condena. Ercole remarcó que la excarcelación de Córdoba no modifica ni implica una subjetividad respecto de la sentencia de fondo, que continúa recurrida. La defensa planteó tres ejes contra ese fallo: una defensa técnica ineficaz, una nulidad vinculada con un acto procesal anterior al debate y cuestionamientos sobre la valoración de la prueba.

Mientras tanto, Córdoba deberá cumplir tres condiciones fijadas por el Tribunal de Juicio para mantener la excarcelación. Debe fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría correspondiente y tiene restringida la salida del país y de la provincia. Esta última medida podría generar nuevos planteos si interfiere con su actividad sindical, ya que Córdoba continuará desempeñando esa tarea y deberá solicitar autorización para trasladarse fuera de la provincia.

El abogado estimó que la revisión de fondo puede demandar alrededor de un año desde la presentación del recurso, aunque aclaró que el Superior Tribunal no tiene un plazo específico para resolver. Si el fallo se confirmara, aún quedarían otras instancias recursivas; si finalmente la sentencia quedara firme, Córdoba debería regresar al Servicio Penitenciario, descontándose el tiempo que ya permaneció detenido.