El inicio de una nueva temporada de cruceros en Ushuaia encuentra a un grupo de trabajadores portuarios en la misma situación que comenzó hace ocho meses: fuera de las instalaciones y esperando una resolución que les permita conocer cuál será su futuro laboral.

Valeria Barria, trabajadora del Puerto de Ushuaia, aseguró que “el próximo 21 de septiembre se cumplirán 240 días desde el comienzo de la intervención nacional y sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, los trabajadores desplazados continúan sin obtener respuestas sobre los motivos por los cuales no pueden regresar”.

La llegada del primer buque de la temporada, relató, estuvo atravesada por una “sensación amarga” para quienes observaron el movimiento portuario desde el otro lado de la barrera.

“Ya llevamos ocho meses de intervención, van a ser el 21 de septiembre 240 días, y ellos siguen en la misma postura de no dar respuesta al porqué no nos han dejado ingresar”, cuestionó Barria

La trabajadora calificó el procedimiento como “arbitrario, ilegítimo e ilegal” y señaló que “ahora esperan una definición judicial de fondo sobre los amparos promovidos por los trabajadores”. Se trata de acusaciones formuladas por Barria contra la intervención, cuya resolución definitiva, según explicó ella misma, permanece en manos de la Justicia.

 

“Estamos viendo cómo se están llevando todo”

 

 Más allá de la situación laboral, Barria ubicó el conflicto en una dimensión que considera todavía más profunda como es el control de los recursos generados por el Puerto de Ushuaia.

Recordó que “desde 1992 la terminal fue administrada desde Tierra del Fuego y sostuvo que los recursos obtenidos por su actividad permanecían en la provincia”.

“Un puerto generador de recursos, un puerto que ha sido administrado desde el año 92 por personal de una provincia, que los recursos han quedado en una provincia, y ahora estamos viendo cómo se están llevando todo”, afirmó.

Para Barria, esa situación representa una “pérdida de autonomía provincial y modifica la relación de Tierra del Fuego con una infraestructura que considera estratégica no solamente para Ushuaia, sino para el conjunto de la economía fueguina”.

“Hoy parece como que tuviéramos un Estado aparte”, expresó al describir cómo percibe el funcionamiento actual de las instalaciones.

 

 Cuestionó que se hable anticipadamente de una “temporada récord”

 

Barria también objetó la comunicación oficial sobre las expectativas para la temporada de cruceros. Consideró prematuro hablar de una “temporada récord cuando recién comienza la actividad” y sostuvo que “las estadísticas definitivas solamente podrán conocerse cuando concluya el período”.

“Para hablar de una temporada récord, primero la temporada se tiene que terminar. Ahí podemos hablar estadísticamente de una temporada récord”, señaló.

Según explicó, las previsiones de recaladas pueden “modificarse por distintas circunstancias y no necesariamente todos los buques anunciados terminan arribando al puerto”.

La trabajadora también cuestionó que “durante estos meses la comunicación se haya realizado fundamentalmente mediante comunicados de prensa y reclamó explicaciones públicas de los responsables de la intervención”.

Barria sostuvo que “no observó durante estos 240 días a representantes nacionales vinculados a la intervención explicar públicamente las decisiones adoptadas, mientras que los trabajadores debieron recurrir a los medios para visibilizar su situación”.

 

140 familias afectadas y 89 trabajadores desplazados

 

Uno de los puntos centrales de su reclamo es la situación humana que dejó el conflicto. Barria habló de “140 familias afectadas” y, precisó que “existen 89 trabajadores desplazados”. Cuestionó especialmente el silencio que atribuyó a dirigentes políticos frente a esa realidad.

En ese contexto, dirigió críticas hacia representantes de La Libertad Avanza y otros actores políticos que, según su visión, “no se pronunciaron suficientemente sobre la situación laboral ni sobre la continuidad de la intervención”.

También rechazó que el concepto de “modernización” sea utilizado para justificar las medidas adoptadas.

“Que usen la palabra modernización del puerto para tapar todo lo que ellos están haciendo ahí adentro”, cuestionó.

 

“¿Qué provincia van a administrar sin un puerto?”

 

Barria extendió su reclamo hacia dirigentes que comienzan a posicionarse de cara a futuras candidaturas provinciales y municipales.

Su planteo fue que “cualquier proyecto político para Tierra del Fuego debería pronunciarse sobre el futuro de una infraestructura que genera ingresos y está vinculada directamente con turismo, comercio, industria y gastronomía”.

“Esos candidatos que se están postulando para una futura intendencia, para un futuro cargo de legislador, de concejal, de gobernación, ¿qué provincia van a administrar sin un puerto?”, preguntó.

Y agregó: “¿Cómo van a generar recursos? ¿Cómo van a manejar la industria, el comercio, la gastronomía y el turismo?”.

Barria afirmó que “los ingresos producidos actualmente por la terminal estarían siendo derivados fuera del circuito provincial, una situación que cuestionó porque considera que esos fondos pertenecen al conjunto de los fueguinos”.

 

Restricciones para ingresar al puerto

 

La trabajadora denunció además modificaciones en las condiciones de acceso a las instalaciones.

Según relató, antes de la intervención un “ciudadano podía acercarse al puerto, identificarse ante el personal de seguridad e ingresar para realizar un trámite o una consulta en alguna dependencia”.

En cambio, afirmó que “actualmente las condiciones son diferentes” y cuestionó especialmente que “los propios trabajadores desplazados tengan prohibido ingresar, nos prohíben el ingreso a nosotros”, sostuvo Barria.

Incluso afirmó que “personas ajenas a la estructura que no sean consideradas afines a la intervención también encontrarían dificultades para acceder”, se trata, nuevamente, de una denuncia realizada por la trabajadora durante la entrevista.

Para Barria, esa situación refuerza la sensación de que la “terminal dejó de funcionar como un espacio bajo control de la Provincia y pasó a desenvolverse con reglas establecidas unilateralmente por la intervención”.

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido al argumento de una reorganización de los recursos humanos.

Barria aseguró que, pese al desplazamiento de trabajadores, durante la “intervención continuaron incorporándose personas y llegando personal desde Buenos Aires, siguen contratando gente, siguen trayendo gente de Buenos Aires, cuando antes todo eso lo veníamos generando los mismos empleados del puerto”, afirmó.

Por esa razón, rechazó que la intervención pueda justificarse en términos de mayor eficiencia sobre el capital humano y aseguró que, desde su perspectiva, los argumentos utilizados inicialmente “se cayeron”.

También reclamó información concreta sobre las inversiones realizadas durante estos ocho meses y al respecto dijo que “a mí me gustaría que salgan ellos al aire y nos hablen de las obras faraónicas que vienen haciendo”, ironizó, para luego afirmar, no han pintado ni un cordón”.

Barria sostuvo que, desde afuera de las instalaciones, las “mejoras visibles son mínimas frente a la magnitud de las transformaciones que, según entiende, se utilizaron para fundamentar la intervención”.

El paso del tiempo también comienza a convertirse en una preocupación concreta para los trabajadores.

Barria identificó a “abril como una fecha particularmente sensible respecto de la capacidad de continuar sosteniendo los salarios de quienes permanecen fuera de sus puestos, abril, yo personalmente lo siento que cada día está más cerca”, reconoció.

La incertidumbre sobre qué ocurrirá entonces se suma al desgaste acumulado durante ocho meses sin poder ingresar al lugar de trabajo.

Barria graficó ese sentimiento al mencionar el caso de un compañero con aproximadamente cuatro décadas de trayectoria portuaria. Según relató, verlo “fuera de las instalaciones sintetiza para ella el impacto humano del conflicto, verlo despojado de su casa, porque el puerto es la casa de todos, es muy triste”, manifestó.

La trabajadora insistió en que el debate excede ampliamente la situación particular de quienes hoy están desplazados. “El puerto es el motor de la economía de la provincia”, afirmó.

Barria recordó la condición insular de Tierra del Fuego y la importancia estratégica de la actividad portuaria para el ingreso de mercaderías, la prestación de servicios y la generación de recursos.

 

“No nos tenemos que olvidar que somos una isla”

 

Desde esa perspectiva, sostuvo que la discusión debería involucrar no solamente a los trabajadores y al Gobierno provincial, sino también a dirigentes políticos, sectores empresariales y a la ciudadanía.

Su reclamo tiene dos objetivos inmediatos: encontrar una salida para los empleados afectados y recuperar el manejo provincial de la terminal.

“Ojalá que en la brevedad se pueda buscar una solución inmediata: primero darle solución a los trabajadores y, por ahí, recuperar la autonomía que hemos perdido”, planteó.

Barria también buscó diferenciar la existencia de una intervención de una eventual responsabilidad penal de quienes se desempeñaban en el puerto.

Afirmó que “no existen denuncias contra sus compañeros por hechos ilícitos y cuestionó que una parte de la sociedad pueda interpretar automáticamente la intervención como consecuencia de irregularidades atribuibles a los empleados”.

“Porque no hay ninguna denuncia para ninguno de nuestros compañeros sobre algún hecho ilícito”, aseguró.

Desde allí volvió a cuestionar la forma en que se produjo la intervención y reclamó que se respeten la legislación y las competencias provinciales sobre la jurisdicción portuaria.

 

 “Lo más triste es que estamos perdiendo un puerto”

 

Hacia el final de la entrevista, Barria reconoció que “existe entre los trabajadores la posibilidad de enfrentar un escenario todavía más complejo si no aparece una solución” y admitió que “eventualmente podrían ser puestos en disponibilidad o que podrían surgir dificultades para continuar sosteniendo sus salarios. Frente a esa posibilidad, sostuvo que muchos trabajadores encontrarían la manera de reconstruir su vida laboral”.

“Lo más triste de todo esto es que estamos perdiendo un puerto, que es el futuro de mis hijos, de nuestros nietos, de las próximas generaciones que van a venir”, afirmó.

Por eso insistió en que el reclamo ya no debería ser entendido exclusivamente como un conflicto de los trabajadores portuarios, sino como una discusión sobre quién administra una infraestructura estratégica y dónde quedan los recursos que produce.

Barria cerró reiterando la dimensión humana de la situación: “Es muy amargo, muy amargo, con 140 familias y 89 trabajadores desplazados”.

Finalmente, pidió que las autoridades provinciales y nacionales se sienten a buscar una definición y extendió el reclamo hacia los distintos actores vinculados con la operatoria marítima.

Después de 240 días, el planteo de Barria permanece concentrado en dos demandas: una respuesta concreta para los trabajadores que continúan fuera del Puerto de Ushuaia y una definición sobre el futuro del control provincial de una terminal que considera estratégica para los recursos, el empleo y la autonomía de Tierra del Fuego.