El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, confirmó el acuerdo salarial alcanzado con los gremios municipales, que contempla un incremento del 5,5% retroactivo al 1° de septiembre y eleva la recomposición acumulada durante el año al 21,5%. Además, cuestionó la demora en el envío de fondos de coparticipación por parte de la Provincia y señaló que la deuda, según registros mencionados por el funcionario, alcanza los $16.000 millones.
Díaz explicó que el acuerdo fue resultado de las negociaciones desarrolladas en el marco de las paritarias y destacó que el objetivo planteado por el Municipio fue compatibilizar la recomposición de los salarios con el sostenimiento de los servicios que brinda la ciudad.
El nuevo incremento se suma al 5% otorgado en julio y a otros aumentos establecidos durante el año. Según precisó el funcionario, el 5,5% tendrá carácter retroactivo al 1° de septiembre y los trabajadores municipales podrán percibirlo junto con los haberes correspondientes a ese mes.
En cuanto a la continuidad de las negociaciones, Díaz señaló que las paritarias permanecerán abiertas y anticipó que podrían concretarse nuevas reuniones antes de finalizar el año. También explicó que el incremento tendrá impacto sobre los jubilados municipales, una vez que la Caja de Jubilaciones reciba la información correspondiente y actualice el coeficiente.
El secretario de Gobierno indicó además que actualmente el piso salarial municipal se ubica en $1.250.000 y sostuvo que existe la necesidad de continuar trabajando en la recomposición de los ingresos frente al incremento registrado en distintos servicios y gastos.
EL RECLAMO POR LA COPARTICIPACIÓN
Uno de los principales puntos planteados por Díaz fue la situación de los fondos de coparticipación que la Provincia debe transferir al Municipio.
Según explicó, un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia había certificado una deuda de $11.000 millones al 31 de diciembre, mientras que, de acuerdo con información del Tribunal de Cuentas Municipal mencionada por el funcionario, el monto habría ascendido a aproximadamente $16.000 millones a agosto.
Díaz también señaló que el retraso en las transferencias actualmente alcanza los 35 días. Recordó que, según un criterio judicial establecido en 2022, un período de entre 22 y 23 días de demora podía considerarse razonable para completar el proceso administrativo de transferencia.
“Hoy ese atraso está en 35 días”, sostuvo, y agregó que hacia fines del año pasado el retraso se ubicaba entre 27 y 28 días.
El funcionario afirmó que desde la Provincia se atribuye la demora a cuestiones administrativas, aunque cuestionó que esa explicación sea suficiente. También sostuvo que el Municipio mantiene diálogo con autoridades provinciales y que el objetivo es reducir los plazos de transferencia.
Según explicó Díaz, la demora impacta directamente en la capacidad del Municipio para afrontar pagos a proveedores y sostener los servicios. En ese sentido, señaló que entre el 82% y el 85% del presupuesto municipal se conforma con recursos provenientes de la coparticipación, mientras que el porcentaje restante corresponde principalmente a impuestos, tasas, contribuciones y derechos municipales.
A la demora en las transferencias, Díaz sumó otro factor: la disminución de los recursos coparticipables vinculada, según su explicación, a una menor recaudación asociada al consumo. Mencionó particularmente el IVA en el ámbito nacional y los ingresos brutos en el ámbito provincial.
LA PROYECCIÓN POLÍTICA DE PROVINCIA GRANDE
Durante la entrevista, Díaz también se refirió al escenario político provincial y a la construcción de Provincia Grande, espacio que definió como peronista.
El funcionario sostuvo que trabajan en la conformación de un frente electoral amplio y planteó como uno de los ejes la discusión sobre el modelo productivo de Tierra del Fuego y la generación de empleo.
En ese contexto, cuestionó las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y sostuvo que, a su entender, tuvieron consecuencias sobre la actividad industrial y el empleo en la provincia.
Díaz señaló además que el espacio busca sumar a distintos sectores políticos que compartan la idea de una provincia industrializada y con generación de empleo. En ese marco, mencionó al intendente de Río Grande, Martín Pérez, como una figura que, según su posición, representa los intereses de ese espacio.
También destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado para generar actividad económica y empleo, y puso como ejemplos distintas obras desarrolladas durante la gestión municipal con participación del sector privado.
Finalmente, al ser consultado sobre las candidaturas, Díaz sostuvo que deberían surgir de una construcción “de abajo hacia arriba” y no de acuerdos definidos por un grupo reducido de dirigentes. En esa línea, señaló que el criterio debería ser que cada candidatura represente al espacio y que la definición alcance a los distintos niveles electorales.
