El Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, una reforma que modifica las reglas del transporte de cargas por agua y habilita la participación de buques extranjeros en operaciones entre puertos argentinos. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 24 negativos y fue girada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su tratamiento para convertirse en ley. El cambio central apunta al régimen establecido por el Decreto-Ley 19.492 de 1944, que reservaba el transporte de cabotaje a embarcaciones de bandera argentina. Con la nueva propuesta, los buques nacionales, aquellos que cuenten con tratamiento equivalente y las embarcaciones extranjeras podrán participar de la navegación y el comercio entre puertos del país. La apertura no será absoluta. El texto aprobado mantiene determinadas actividades reservadas a buques de bandera argentina o con tratamiento equivalente, entre ellas la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre y las embarcaciones destinadas a la navegación deportiva y al servicio de prácticos. En el caso de los buques extranjeros, deberán informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) el ingreso y el período durante el cual operarán en el tráfico de cabotaje. También se establecen obligaciones de información ante ese organismo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Qué pasará con las condiciones laborales Uno de los puntos que generó cuestionamientos durante el debate está relacionado con el régimen laboral de las tripulaciones. El proyecto establece que las condiciones y obligaciones laborales de los trabajadores embarcados en buques extranjeros se regirán por la legislación del país de bandera de cada embarcación. Este aspecto forma parte de las objeciones planteadas por gremios marítimos, navieros y sectores vinculados con la industria naval, que advierten sobre posibles consecuencias para el empleo argentino, la actividad de la flota nacional y la competitividad de las empresas locales. Desde el sector que respalda la reforma, en cambio, sostienen que la mayor disponibilidad de embarcaciones permitirá ampliar la oferta de transporte, reducir costos y aprovechar la infraestructura portuaria existente. Los beneficios previstos para los armadores argentinos Para acompañar la apertura del mercado, el proyecto incorpora herramientas de promoción para los operadores nacionales. Entre ellas contempla beneficios tributarios y un régimen de amortización acelerada para inversiones destinadas a la actividad de cabotaje. La iniciativa también apunta a mejorar las condiciones de competitividad de los buques argentinos frente a los operadores extranjeros, mediante modificaciones en el tratamiento impositivo de la actividad. Los argumentos del Gobierno para reducir los costos logísticos El secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, defendió en Twitter la reforma al señalar que el sistema actual limita la utilización de las vías navegables y obliga a recurrir a autorizaciones excepcionales para incorporar embarcaciones extranjeras. Según explicó, desde 2018 se tramitaron alrededor de 540 pedidos de excepción, de los cuales más del 98% fueron autorizados, aunque con demoras que en algunos casos llegaron a los 90 días. Para el funcionario, la nueva normativa busca convertir ese mecanismo excepcional en una posibilidad contemplada por el régimen general. Cacace también sostuvo que el transporte fluvial puede representar una alternativa más económica para las economías regionales. Como ejemplo, mencionó el traslado de contenedores desde Eldorado, en Misiones, hacia los puertos de salida al comercio internacional: según las estimaciones difundidas, el costo podría pasar de unos 3.600 dólares por vía terrestre a alrededor de 2.500 dólares mediante una alternativa fluvial competitiva. Otro de los sectores alcanzados por la discusión es el energético. El funcionario señaló que Vaca Muerta demanda millones de toneladas de arena al año y que una mayor utilización del transporte por agua permitiría reducir la dependencia de los camiones en los recorridos de larga distancia. Qué puede cambiar para Tierra del Fuego La reforma también incluye a la costa atlántica y contempla operaciones que pueden llegar hasta Ushuaia. Para Tierra del Fuego, el debate tiene una importancia particular por la dependencia del transporte marítimo para el abastecimiento, el movimiento de contenedores y la conexión logística con el continente. Cacace sostuvo que la industria fueguina podría beneficiarse con una mayor frecuencia de servicios y una reducción de los costos de transporte. En ese sentido, mencionó que Ushuaia movilizó alrededor de 34.700 contenedores durante 2025, de acuerdo con las cifras que presentó al defender la iniciativa. El proyecto incorpora además herramientas para agilizar los procedimientos aduaneros, entre ellas la admisión temporaria de contenedores, el despacho en origen y el removido digital, con el objetivo de simplificar los movimientos de mercadería entre distintas terminales. Sin embargo, los efectos concretos sobre los costos y la frecuencia de los servicios dependerán de la disponibilidad de embarcaciones, las rutas comerciales que se desarrollen y las condiciones de operación de los puertos. Con la media sanción del Senado, la reforma avanzó un paso más en el Congreso. La discusión continuará ahora en Diputados, donde también se pondrán en juego las advertencias de los sectores que cuestionan la apertura y las expectativas de quienes consideran que puede mejorar la competitividad logística del país.