Las empresas británica Rockhopper Exploration e israelí Navitas Petroleum informaron al mercado que avanza el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte del archipiélago de las Islas Malvinas. Las compañías ingresaron formalmente en la etapa ejecutiva tras aprobar recientemente la decisión final de inversión.

La confirmación surge del informe anual que Rockhopper presentó ante sus accionistas durante la Asamblea General Ordinaria. Según la presentación corporativa, la compañía ratificó un requerimiento total de capital de u$s2.100 millones para completar la Fase 1 del plan de desarrollo, de los cuales unos u$s1.800 millones serán ejecutados directamente hasta alcanzar el primer crudo comercial.

El cronograma estipulado prevé comenzar la extracción continua durante el primer semestre de 2028. El esquema contempla el empleo de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), conectada a un sistema de pozos submarinos. En esta primera fase, el objetivo operativo apunta a lograr un nivel de producción pico cercano a los 55.000 barriles de petróleo por día, con una estimación de reservas recuperables de 170 millones de barriles.

El esquema de financiamiento combina aportes de capital de Navitas -que actúa como operadora con el 65% de participación accionaria-, facilidades crediticias de proveedores internacionales de servicios hidrocarburíferos y líneas de crédito comerciales de gran escala. Según detalló la cúpula ejecutiva de Rockhopper, la arquitectura financiera permite cubrir la totalidad de las erogaciones previstas para la perforación, la instalación de infraestructura submarina compleja y el transporte de equipos hasta la llegada de la barcaza de procesamiento.

La ingeniería del plan prevé una segunda fase orientada a ampliar la red de perforación submarina y profundizar las sísmicas de alta definición, con el propósito de llevar el factor de recobro global a más de 300 millones de barriles en etapas subsiguientes. La cadena de suministros y logística operativa se articularán a través de puertos británicos e infraestructura de apoyo en altamar, evitando la interacción con terminales portuarias del continente americano.

Argentina mantiene un reclamo histórico e imprescriptible de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes, amparado en resoluciones de Naciones Unidas como la Resolución 2065. La Ley de Hidrocarburos 26.659, sancionada por el Congreso Nacional, prohíbe expresamente la realización de actividades extractivas o de exploración petrolera en la plataforma continental argentina sin autorización previa del Estado nacional.

A lo largo de la última década, las autoridades nacionales inhabilitaron administrativamente a las firmas involucradas e impulsaron acciones judiciales y querellas penales contra directivos y ejecutivos de las petroleras que operan sin permiso en la zona disputada. Pese a los apercibimientos legales formulados desde Buenos Aires, las empresas continuaron con las tareas de prospección y búsqueda de capital necesario.