La diputada nacional Karen Reichardt, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para regular criaderos, refugios, hogares de tránsito y guarderías de animales de compañía, lo que generó críticas de organizaciones proteccionistas tras un cruce televisivo.
La legisladora defendió su iniciativa durante su participación en LAM, el programa conducido por Ángel De Brito, donde argumentó que el objetivo es "regularizar y controlar" una actividad que actualmente no cuenta con una normativa nacional específica. Durante el programa, la panelista Matilda Blanco cuestionó el proyecto afirmando que implicaría "legalizar la venta de animales", acusación que Reichardt rechazó calificándola como infundada.
El proyecto ingresado el 16 de julio propone fijar presupuestos mínimos para la habilitación, fiscalización y control de estos establecimientos en todo el país. Actualmente Argentina no cuenta con una ley nacional que regule específicamente los criaderos de animales de compañía, siendo la Ley 14.346 de Maltrato Animal la principal norma vigente, que sanciona actos de crueldad. Las condiciones de habilitación dependen de regulaciones provinciales y municipales que varían según cada jurisdicción.
Entre los principales cambios, la iniciativa crea un Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), donde deberán inscribirse obligatoriamente criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados. La propuesta establece requisitos mínimos de infraestructura, atención veterinaria, identificación y trazabilidad de los animales, con el objetivo de unificar criterios en todo el territorio nacional.
Para los criaderos, el proyecto incorpora reglas sobre reproducción responsable, controles sanitarios y condiciones de bienestar animal. Prohíbe prácticas como la reproducción excesiva de hembras, el uso de animales con enfermedades hereditarias incompatibles con su bienestar, la separación prematura de crías y la comercialización sin identificación ni documentación sanitaria. Además, reconoce a los animales de compañía como seres sintientes, concepto que no está expresamente contemplado en la legislación nacional vigente.
El proyecto generó críticas de organizaciones proteccionistas como la ONG Proyecto Galgo Argentina, que sostienen que al reconocer expresamente la figura de los criaderos y establecer condiciones para su funcionamiento, el Estado otorgaría un marco legal que legitima la cría comercial de animales.
Desde el entorno de Reichardt rechazan esa interpretación y argumentan que la actividad ya existe y que la falta de regulación nacional favorece la clandestinidad, dificulta los controles y perjudica el bienestar animal. Según esa visión, el objetivo es fijar estándares mínimos para prevenir el maltrato y facilitar la fiscalización. De aprobarse, la norma reemplazaría el actual esquema fragmentado por un régimen nacional con requisitos comunes para todos los establecimientos dedicados a la cría, alojamiento y cuidado de animales de compañía.
