La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego cerró formalmente las actuaciones iniciadas a partir de una serie de denuncias por la interrupción de clases y las deficiencias edilicias registradas en establecimientos educativos de la provincia, pero lo hizo con marcadas observaciones sobre la respuesta de la administración provincial.

 

A través de una muy extensa y por demás intrincada Resolución (54/26) firmada por el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, se dispuso dar por concluidas las actuaciones de conformidad con las conclusiones desarrolladas en el Dictamen F.E. N° 08/26. Se ordenó poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, siendo esta una investigación que comenzó por la suspensión de clases en los colegios.

 

Las actuaciones se iniciaron luego de distintas presentaciones que denunciaron la falta de dictado de clases presenciales por presuntos desperfectos edilicios. En una primera etapa, la Fiscalía requirió al Ministerio de Educación información sobre los hechos denunciados, las actuaciones técnicas realizadas, las medidas adoptadas y el cumplimiento de recomendaciones formuladas anteriormente.

 

Pero también se pidió precisiones sobre cómo se comunicarían las situaciones a la comunidad educativa, cómo se recuperarían las horas de clase perdidas, qué medidas se habían implementado frente a las deficiencias de la educación a distancia y qué mecanismos de seguimiento se utilizaban para determinar si los alumnos efectivamente realizaban y comprendían los contenidos.

 

Sin embargo, con el avance de la investigación, el organismo de control advirtió que la problemática excedía ampliamente a un establecimiento puntual. Es decir, de una escuela, a una "crisis de infraestructura provincial".

 

Todo arrancó con la interrupción de clases en la Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán”, lo que terminó revelando una situación que, según la Fiscalía, alcanza a numerosos establecimientos. Las presentaciones del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) incorporaron denuncias sobre distintos episodios ocurridos en escuelas de Ushuaia, incluyendo evacuaciones, problemas de calefacción, instalaciones eléctricas, pérdidas de gas, deficiencias estructurales y situaciones que afectaron a alumnos y trabajadores.

 

Con la Resolución la Fiscalía dio por finalizada su intervención administrativa, pero dejó planteado un escenario que excede los casos individuales: la necesidad de modificar el esquema de gestión de la infraestructura escolar hacia un sistema permanente de prevención, mantenimiento, seguimiento y control, al tiempo que remitió los antecedentes a los organismos con competencia para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran corresponder.

 

El dictamen sostiene que los elementos reunidos permiten advertir “la existencia de una problemática estructural subyacente” y cuestiona que las deficiencias puedan atribuirse exclusivamente a restricciones presupuestarias o a circunstancias imprevisibles. En cambio, identifica limitaciones de un modelo de gestión que califica como reactivo, orientado a atender las consecuencias de los problemas una vez que estos se producen, en lugar de actuar preventivamente.

 

El caso de la Escuela 24

Esta institución dejó de dictar clases presenciales luego de un incidente ocurrido el 8 de mayo, cuando cuatro docentes manifestaron malestar físico y fueron trasladados al Hospital Regional sospechándose una posible intoxicación con monóxido de carbono.

 

Según la documentación analizada por la Fiscalía, la distribuidora Camuzzi Gas del Sur realizó dos inspecciones ese mismo día. Durante la segunda detectó deficiencias en la evacuación de gases de tres artefactos -eran dos calefactores y uno ubicado en el pasillo, que fueron precintados. Los informes técnicos posteriores dispusieron, entre otras medidas, la colocación de precintos en equipos de calefacción y el inicio de tareas de adecuación de cañerías y evacuación de gases.

 

La Fiscalía remarcó especialmente el tiempo transcurrido entre la suspensión de las clases y la rehabilitación de las condiciones de seguridad. Las reparaciones concluyeron y el servicio de gas fue restablecido el 18 de junio, mientras que el retorno a la presencialidad se produjo posteriormente. El dictamen considera que el episodio no podía ser tratado como una contingencia menor, debido a la entidad del riesgo generado y a la necesidad de restablecer condiciones adecuadas de seguridad.

 

Advertencias previas antes de los episodios más graves

 

En el caso de la Escuela  24, la Fiscalía encontró documentación que demostraba que existían advertencias anteriores relacionadas con las instalaciones. Incluso, la Subsecretaría de Infraestructura había informado que el establecimiento presentaba deficiencias que afectaban la seguridad y requerían una intervención integral.

 

También se analizaron antecedentes de la Escuela Provincial N° 34 “Yak-Haruin”, donde cuatro estudiantes se descompensaron durante un acto escolar realizado el 2 de junio. La situación derivó en la activación del protocolo de emergencia, intervención de bomberos y policía y evacuación preventiva del edificio. Posteriormente, el 10 de junio, la institución volvió a ser evacuada por un fuerte olor a quemado.

 

La Fiscalía señaló que los antecedentes técnicos ya habían advertido problemas críticos en la escuela antes de estos episodios, por lo que consideró especialmente relevante el conocimiento previo que tenían las autoridades sobre las condiciones edilicias.

 

El caso de la Escuela 31 y otros establecimientos

El dictamen también menciona a lo acontecido en la Escuela N° 31 “Juana Manso”, donde se constató un asentamiento del contrapiso y del suelo de fundación que afectaba sectores como la cocina, la sala de máquinas y los sanitarios del personal. A esto se sumaban reclamos por falta de calefacción, ruidos en la caldera, filtraciones en el gimnasio y goteras en aulas y baños. El dictamen señala que la solución definitiva para ese edificio todavía se encontraba en etapa de diseño de ingeniería y formulación de pliegos, sin que surgieran registros de obras civiles mayores ejecutadas en el sector clausurado.

 

La Escuela N° 22 “Bahía Golondrina”, con problemas reiterados de calefacción y agua; jardines de infantes que debieron suspender actividades por falta de agua caliente o calefacción; y establecimientos secundarios que presentaron problemas edilicios y suspensiones de clases. Pero hay más casos mencionados: El Colegio Sobral, Los Andes y el Antonio Marte, además de la Escuela Especial N° 1 “Kayú Chénén”.

 

“Abandono administrativo” 

El SUETRA había planteado que existía una situación de “abandono administrativo” y había presentado una nómina de más de veinte instituciones que, según sus denuncias, atravesaban problemas de infraestructura. La Fiscalía no se limitó a reproducir esas denuncias, sino que contrastó sus afirmaciones con la documentación remitida por las áreas provinciales.

 

En ese análisis sostuvo que existieron advertencias previas que no fueron seguidas por las reparaciones correspondientes y cuestionó la ausencia de un protocolo general, permanente y sistematizado de mantenimiento, pese a recomendaciones formuladas con anterioridad por el propio organismo. Advierte que la reiteración de evacuaciones, clausuras preventivas y suspensiones de clases evidencia un esquema predominantemente reactivo.

 

En ese sentido, sostiene que “la administración ‘por emergencias’ es inherentemente ineficiente”, ya que cada incidente obliga a movilizar recursos extraordinarios y, en muchos casos, provoca nuevas interrupciones del servicio educativo. Según el dictamen, cuando existen informes técnicos que anticipan condiciones capaces de comprometer la seguridad, la administración no puede limitarse a actuar una vez ocurrida la contingencia.

 

El organismo cuestionó además que las distintas áreas del Estado hayan trasladado responsabilidades entre sí sin acreditar una gestión interministerial eficaz para resolver los problemas.

 

La conclusión es particularmente contundente: las deficiencias detectadas no pueden ser consideradas simples “inconvenientes puntuales” cuando existen reiterados antecedentes de fallas, evacuaciones, pérdidas de gas, problemas de calefacción y situaciones que requirieron asistencia sanitaria.

 

El argumento presupuestario

La Fiscalía reconoce las dificultades financieras de la Provincia, pero sostiene que esas circunstancias "no pueden ser utilizadas como justificación para omitir medidas preventivas indispensables destinadas a preservar la seguridad" y la adecuada prestación del servicio educativo. También señala que "las leyes de emergencia edilicia tienen naturaleza excepcional y transitoria y no pueden convertirse en un mecanismo destinado a reemplazar el mantenimiento ordinario de los establecimientos". En ese marco, cuestiona que, pese a la existencia de herramientas de emergencia, se hayan registrado obras críticas demoradas por cuestiones administrativas y falta de pago.

 

Como consecuencia de todo el análisis, la Fiscalía de Estado exhortó al ministro de Educación a promover ante el gobernador la elaboración y elevación de un Plan Provincial de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar. El objetivo planteado es que ese plan permita garantizar la conservación de los edificios públicos, la prevención de riesgos y la efectiva protección de la integridad física de alumnos y trabajadores.

 

Además, se solicitó al gobernador una revisión integral de la actuación de las áreas y funcionarios con competencia en la gestión de infraestructura escolar durante los hechos analizados, para determinar si se cumplieron los deberes de prevención, coordinación, inspección y mantenimiento.

 

El dictamen considera necesario establecer mecanismos para que los directores puedan informar problemas edilicios, conocer su evolución y verificar que las tareas ordenadas sean efectivamente ejecutadas. En la misma línea, reivindica la implementación de un sistema de recepción de denuncias y reclamos de madres, padres o tutores mediante un portal de gestión escolar, entendido no sólo como un canal de atención sino también como una herramienta de control y alerta temprana.

 

La resolución firmada por Martínez de Sucre dispone que los hechos sean puestos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal para que ese organismo determine, dentro de sus competencias, si corresponde avanzar en el análisis de eventuales conductas que pudieran configurar delitos.

 

Además remite copia de las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia, para que evalúe la eventual existencia de perjuicio fiscal y la correcta ejecución de los fondos comprometidos en las sucesivas leyes de emergencia edilicia. Esto también será comunicado al gobernador, los ministros de Educación y de Obras y Servicios Públicos, la Legislatura Provincial y los denunciantes.