La Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne a más de 500 intendentes de todo el país, rechazó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pidió a los senadores nacionales que lo rechacen para defender el territorio y los recursos estratégicos.

Mediante un comunicado titulado "La Patria no se vende. La tierra tampoco", la organización presidida por Fernando Espinoza cuestionó la iniciativa del gobierno de Javier Milei y advirtió que podría profundizar la extranjerización del territorio nacional. "Solicitamos a las senadoras y los senadores de la Nación que rechacen el proyecto que modifica el régimen de protección de las tierras", plantearon.

El pronunciamiento se difundió mientras el oficialismo negocia modificaciones al texto para obtener los votos necesarios en el Senado. La nueva versión eleva del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrán quedar en manos extranjeras, después de que la propuesta original buscara eliminar completamente las restricciones vigentes.

La Federación sostuvo que el proyecto "desmantela una herramienta estratégica para la defensa de la soberanía nacional" y cuestionó la flexibilización de las restricciones sobre zonas de frontera y áreas con recursos estratégicos. "La tierra no es una mercancía más. Es soberanía, producción, agua, alimentos, energía, minerales estratégicos y futuro. Quien controla la tierra controla los recursos que hacen posible el desarrollo de una Nación", señalaron.

La FAM también alertó sobre la posibilidad de que grandes extensiones del país queden bajo control de intereses extranjeros, especialmente aquellas donde se encuentran reservas de litio, cobre, oro, plata, uranio, gas, petróleo y agua dulce. En ese sentido, comparó el régimen argentino con las restricciones vigentes en Brasil, Perú, Bolivia y Francia.

"Mientras el mundo protege sus recursos estratégicos, este proyecto pretende eliminar herramientas que resguardan los nuestros", advirtieron los intendentes. La organización también recordó que la Justicia suspendió por inconstitucional el intento del Poder Ejecutivo de derogar la ley de Tierras mediante el DNU 70/2023.

"Preservar el patrimonio territorial no es una decisión circunstancial de un gobierno de turno. Es una obligación permanente del Estado argentino", afirmó la FAM, que cerró el comunicado con un pedido al Senado para que rechace el proyecto y preserve la legislación vigente.