El Senado debatirá la próxima semana un proyecto que, mediante modificaciones a la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones, la protección de bienes comunes y los procedimientos de desalojo, busca reforzar la propiedad privada reduciendo la capacidad del Estado para intervenir cuando ese derecho entra en tensión con otros intereses públicos o con derechos vinculados al territorio.

Diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos alertaron sobre el impacto de la iniciativa de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" del gobierno de Javier Milei. Según su análisis, el proyecto podría alterar el equilibrio entre el derecho de propiedad y otros derechos protegidos por la Constitución, desde la posesión comunitaria indígena hasta el acceso a la vivienda y al hábitat.

La iniciativa constituye una de las transformaciones más profundas del régimen territorial de los últimos años. Bajo el argumento de reforzar la seguridad jurídica, incorpora modificaciones que alcanzan desde las tierras rurales hasta los procedimientos de desalojo urbano, configurando un nuevo escenario en el que la protección de la propiedad privada adquiere un peso creciente frente a otros derechos colectivos.

El proyecto forma parte de un paquete de reformas que apunta a redefinir el rol del Estado en la regulación del acceso y uso del suelo. Entre otras modificaciones, flexibiliza aspectos del régimen de tierras rurales, introduce cambios en normas vinculadas con las expropiaciones y la propiedad privada, la protección de los bienes comunes y alcanza también a otros marcos legales relacionados con los conflictos territoriales.

Organizaciones como el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Observatorio de Tierras sostuvieron que todas las reformas que incorpora responden a la lógica de reforzar la protección de la propiedad privada y reducir la capacidad del Estado para intervenir cuando ese derecho entra en tensión con otros intereses públicos o con derechos colectivos vinculados al territorio.

Desde el IPYPP remarcaron que el corazón del proyecto es la eliminación del régimen nacional que limita la extranjerización de las tierras rurales. Aunque mantiene formalmente vigente la Ley de Tierras, suprime los límites a la titularidad extranjera, debilita las capacidades regulatorias del Estado y fortalece la protección jurídica de los grandes inversores extranjeros, a la vez que incrementa los costos de las expropiaciones para obras públicas y debilita la protección de ecosistemas afectados por incendios.

Distintos especialistas advierten que el nuevo marco legal puede tener efectos concretos sobre actores que históricamente encontraron en la intervención del Estado o en regímenes especiales una herramienta para equilibrar disputas con propietarios privados o grandes emprendimientos. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el proyecto profundiza la exposición de comunidades indígenas a procesos judiciales tras el vencimiento de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos mientras se realizaban los relevamientos territoriales.

El alcance de la discusión también involucra a familias campesinas, productores de la agricultura familiar, pobladores rurales con formas precarias de tenencia e incluso comunidades isleñas que habitan territorios donde avanzan proyectos vinculados a la logística o la explotación de recursos naturales. El quinto informe del Observatorio de Tierras ubicó a la cuenca del Paraná como uno de los espacios donde se superponen inversiones estratégicas, cambios regulatorios y conflictos por el uso del suelo. El documento detalló que Misiones, Corrientes y Entre Ríos concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra, siendo Misiones la provincia más extranjerizada de la región con el 11,3% de su territorio en manos de capitales extranjeros.

En el ámbito urbano, desde el IPYPP señalaron que la iniciativa también facilita los desalojos en zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, al acelerar los procedimientos para la restitución de inmuebles. En lugar de responder a la creciente crisis habitacional con más protección para quienes alquilan o no pueden acceder a una vivienda, el proyecto fortalece la posición de los propietarios y consolida una concepción en la que el derecho de propiedad prevalece sobre el derecho a la vivienda.