El Senado aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados una versión reducida del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El texto obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, pero sin los capítulos que modificaban las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.

La Cámara alta retomó pasadas las 14 horas la sesión del 16 de julio, que había pasado a un cuarto intermedio por falta de acuerdo entre los senadores aliados al Gobierno e incluso entre la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, y los equipos de Sturzenegger. El principal obstáculo era el capítulo que buscaba eliminar los límites de venta de tierras rurales en manos de extranjeros, actualmente fijado en el 15%.

Desde mayo, cuando en un plenario de comisiones se dictaminó el texto, el proyecto atravesó un derrotero impensado. Sufrió más de 16 modificaciones y en cuatro ocasiones el oficialismo intentó llevarlo al recinto pero, por falta de votos, terminaba retirándola del temario. Durante la sesión, el peronismo pidió sin éxito que el texto vuelva a comisión.

La Libertad Avanza tuvo que dar de baja el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego ante las fuertes críticas que recibió dentro y fuera del Congreso, que incluyó desde artistas hasta jugadores de la Selección. Gobernadores aliados al Gobierno como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) le retiraron su apoyo a último momento. En la tarde del martes, Bullrich acordó con propios y aliados retirar ese capítulo. "Había distintas miradas", fundamentó.

También quedó afuera el capítulo que buscaba modificar la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

El oficialismo logró aprobar tres capítulos: desalojos, expropiaciones y modernización del registro de la propiedad. El primero modifica el código civil y comercial para ampliar la figura de los desalojos, habilitando la posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

En cuanto a expropiaciones, se establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva" y se considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.