El oficialismo en el Senado, liderado por Patricia Bullrich, buscará esta semana aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo capítulo más polémico propone eliminar las restricciones vigentes a la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos o empresas de capitales extranjeros.
La iniciativa enfrenta un escenario complejo para la Casa Rosada. El creciente rechazo social a la extranjerización de tierras comenzaría a traducirse en la pérdida de apoyos de bloques dialoguistas que habían mostrado predisposición a acompañar la propuesta.
Los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, vienen recibiendo desde hace tres semanas presión de diferentes actores sociales de su provincia. A esta situación se suma la resistencia de varios senadores radicales a respaldar un proyecto que genera cuestionamientos por una supuesta vulneración de la integridad territorial y la soberanía nacional.
Existen además rumores sobre reparos de las senadoras de Chubut, la radical Edith Terenzi y Andrea Cristina del PRO, quienes tienen matices de alineamiento con el gobernador Ignacio Torres. Consultadas por el diario, en el despacho de una de las legisladoras respondieron en tono enigmático: "Esto se define en los próximos dos días".
El rechazo social se incrementó en las últimas semanas y se prevé una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso este jueves. La Iglesia Católica ha sido uno de los actores más activos en su oposición desde que el proyecto se discutió en comisiones. También se sumó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha militado en redes sociales contra la extranjerización de tierras.
Este jueves está previsto que se reanude el cuarto intermedio de la sesión del 16 de julio, momento en que debía comenzar a debatirse el proyecto elaborado por el ministro Federico Sturzenegger. La postergación fue la tercera desde que la iniciativa obtuvo dictamen de comisión, y se debió a la falta de votos para aprobar el capítulo que elimina las barreras legales vigentes desde la denominada Ley de Tierras de diciembre de 2011.
La norma actual establece que no podrán enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental a extranjeros, y ninguna persona física o jurídica podrá tener más del 30% del cupo permitido. El proyecto oficial busca eliminar todo límite para personas físicas y jurídicas privadas. Para empresas con participación de estados extranjeros se establece un sistema de "doble conforme" que requeriría autorización provincial y nacional.
Tras la última postergación, Bullrich justificó la decisión en ausencias de senadores aliados por viajes planificados previamente. Sin embargo, según información recabada, al menos tres senadores radicales ayudaron a dar quórum el 16 de julio para aprobar una treintena de pliegos judiciales, pero aclararon que no estaban dispuestos a votar el capítulo de tierras. A este escenario se sumó un ruido interno generado por la intervención de Sturzenegger, quien en horas previas a la sesión habría expresado su rechazo a reconocer la potestad de las provincias para fijar sus propios límites.
