No está todavía en la discusión pública, atravesada por las negociaciones alrededor de la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, pero hay un trabajo silencioso de legisladores, operadores y empresarios cada vez más preocupados por la crisis de un rubro tan sensible como el de la salud. Es tan compleja la situación que, según fuentes del sector, hay un universo de unas 5.000 clínicas y sanatorios privados que corre serios riesgos si no se prorroga la emergencia sanitaria que está vigente desde la crisis de 2001 y que les permitió evitar el pago de aportes y contribuciones sin ser embargadas. Sin esa ayuda, el sistema de la seguridad social estaría al borde de la quiebra.
“La situación es preocupante”, aseguraron desde una de las principales prepagas que, sin embargo, tiene más espalda que el resto.
El Congreso debe definir a fin de año si se vuelve a prorrogar la Emergencia por la que todavía subsisten los prestadores que atienden a afiliados del PAMI, de las obras sociales provinciales y sindicales, y de la medicina prepaga. Según informes de las cámaras, la brecha entre los costos y los ingresos de las clínicas y los sanatorios llegó al 57% en diciembre del 2023, y con la desregulación de las prepagas y la desaceleración inflacionaria se estancó en un 26% en la actualidad: “El sector prestador está en un equilibrio precario y desigual, se recuperó donde dominan las prepagas y sigue atrasado donde dependen del PAMI y las obras sociales, especialmente en el interior”.
En el caso de las obras sociales sindicales, la situación es aún más acuciante: según informes de la CGT, el 78,5% de los beneficiarios de esas obras sociales aportan menos que el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO). Fue una discusión que el sindicalismo, con Gerardo Martínez a la cabeza, llevó a la mesa de negociaciones con el Gobierno, en particular con operadores ligados a Santiago Caputo, durante la discusión por la reforma laboral, pero no llegaron a buen puerto. El asesor presidencial mantiene una fuerte influencia en el rubro a través del ministro Mario Lugones, padre de su socio Rodrigo, y en especial en el PAMI junto a su hermano Francisco: el mes pasado, por caso, el consultor llegó hasta el edificio de la avenida Corrientes para presentar a las autoridades a Verónica Pérez, nueva coordinadora de un organismo que está atravesado por una feroz disputa interna que parece haber entrado en una zona de relativa estabilidad en el último mes. Aún cuando llegó a circular el nombre del ministro de Salud de Salta con un potencial desembarco en el organismo, en un hipotético acuerdo entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.
El conflicto escaló a principios de año, en un serio desacuerdo entre Salud y Economía por las transferencias del Tesoro que hizo crujir al sistema y llevó a los prestadores a prender las luces de alerta. Esta semana, por ejemplo, sanatorios y clínicas de todo el país convocaron a una suspensión de los servicios para los afiliados de la principal obra social -unos 6 millones- por 48 horas. También se registraron diferencias internas por algunos negocios dentro del PAMI que incluso tuvieron eco en la Justicia.
Según confiaron fuentes oficiales, se trabaja en un proyecto pedido por el sector que es analizado por la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados que preside el diputado Manuel Quintar, que saltó a la fama cuando compró un automóvil Tesla que estacionó en el garaje del Congreso, pero que tiene clínicas en Jujuy e intereses en el negocio. Hubo más de 10 reuniones con representantes de ese sector, pero aún no se definió si la iniciativa será presentada por el bloque, por legisladores aliados o directamente por el Ejecutivo. El proyecto, de “reforma del sistema prestacional de la salud”, apunta a cerrar la emergencia a través de la regularización fiscal y previsional en hasta 180 cuotas, la protección de embargos cautelares y la compensación de créditos históricos del PAMI con obligaciones tributarias, entre otros puntos. Hay un lobby de las cámaras empresariales para apuntalar ese proyecto. De hecho, fuentes oficiales confirmaron que durante la semana Rodolfo Negri, un empresario importante de San Luis, le llevó el tema al ministro Lugones, aunque el escollo principal es el de su colega Luis Caputo, “Toto”, un fanático de la disciplina fiscal a cualquier costo. El rol de Negri es muy relevante: es la pareja de la senadora de La Libertad Avanza Ivana Arrascaeta, que preside, ni más ni menos, que la comisión de Salud de la Cámara alta.
Para el sindicalismo, el escenario respecto de las obras sociales es “casi terminal” para buena parte de los gremios. Así lo plasmaron en un “informe de situación de las obras sociales” elaborado por la CGT a principios de año, y desde ese momento el problema solo se agravó. “Para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”, resaltó ese documento. Además, es la primera vez en dos décadas que la CGT no tiene llegada directa, y por lo tanto influencia, en la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra y distribuye recursos para las obras sociales a través de un fondo solidario. Existía hasta ahora una norma implícita: el superintendente de esa oficina tenía que ser casi empleado de los gremios. No es el caso del funcionario actual, Horacio Guevara, ligado a Lugones, que reemplazó hace diez días a Claudio Stivelman.
El malhumor sindical por la crisis de las obras sociales también está ligado al sistema de cobranzas que la administración porteña aplica cada vez que un afiliado se atiende en alguno de los hospitales de la capital a través de FACOEP, una sociedad del Estado que se creó por ley en el 2016 y que reemplazó al sistema ASI. Tal vez por eso hubo algún chispazo reciente entre el ministro Fernán Quirós y Héctor Daer. Desde el sindicalismo apuntan contra el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Los directivos de las obras sociales gremiales están muy inquietos. Algunos, por ejemplo, temen por posibles embargos judiciales.
El panorama general, dicen, es alarmante. El tema está al tope de las preocupaciones de los popes de la CGT. Fuentes sindicales aseguraron que esta semana incluso podría haber una cumbre institucional entre Cristian Jerónimo y la cúpula de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las principales entidades privadas de medicina, clínicas, sanatorios, prepagas, laboratorios y prestadores de salud de todo el país, y que preside Hugo Magonza.
La alarma atraviesa a todos los sindicatos. Chicos, medios y hasta a los más grandes. En Camioneros, por ejemplo, el tema impacienta a Liliana Zulet, pareja de Hugo Moyano, apuntada puertas adentro por el manejo de la obra social, Oschoca, desde la que construyó un imperio de sociedades. Zulet fue además durante años motivo de disputa entre Hugo y su hijo Pablo Moyano, aunque bajaron la guardia este año y se reconciliaron. El año pasado, Pablo Moyano se distanció de la CGT, pero ahora está, desde hace tiempo, en un proceso de recomposición de vínculos, y se prepara, si no hay imprevistos, para conducir la Seccional Buenos Aires a partir del año próximo, cuando haya elecciones. Ese proceso componedor incluyó a Claudio Tapia, “Chiqui”, el jefe de la AFA, sacudido por turbulencias judiciales. En privado, Tapia dice que algunas de sus desventuras en la Justicia son fogoneadas por el principal consultor presidencial, al que apodó “Astroboy”.
Abogados para todos. El mundillo judicial está atento a lo que suceda este martes, cuando más de 180.000 abogados matriculados elijan a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura hasta el 2030, y se empiecen a redefinir los equilibrios dentro de un organismo tan sensible como ese.
Hay un buen número de funcionarios, legisladores, gobernadores y operadores que trabajan desde hace meses en una puja de poder por esos cuatro lugares, con un plus: hay acuerdos y relaciones cruzadas a los vínculos tradicionales.
Por un lado Daniel Angelici, “El Tano”, que lleva como primer candidato a Alberto Biglieri, interventor de la UOM, que se ha transformado en el dirigente más influyente de la ciudad de Buenos Aires y que acordó con gobernadores como Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro y con el ex presidente Mauricio Macri, siempre atento a la Justicia, que el viernes posteó un texto en favor del intendente Santiago Passaglia, de San Nicolás, y que al rato borró de manera llamativa y desprolija. “El Tano” quiere extender su ascendencia más allá de la capital.
Otra de las listas es apadrinada por Juan Manuel Olmos, que cerró la campaña esta semana junto a Mariano Recalde, de La Cámpora, y que lleva como cabeza a la cordobesa Demarchi Arballo. A propósito del senador y consejero, dentro de esa organización son cada vez más las voces que dan cuenta de un pico de tensión con Máximo Kirchner, que quiere disputarle el control de la capital a través de la diputada Paula Penacca. Recalde no es el único de esa agrupación activo detrás de esa lista: también tallaron, por ejemplo, el intendente Julián Álvarez y Eduardo de Pedro, “Wado”, siempre vinculados con el Poder Judicial. A De Pedro, el círculo rojo lo desvela particularmente: esta semana anduvo a los abrazos con el establishment empresario en un evento en la sede de la UADE en el que se agasajó a Martín Cabrales.
En el caso de Fernando Levene, de Abogacía Federal, el principal promotor es el ex consejero Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, muy relacionado con el mundillo judicial, que cerró un acuerdo que incluye desde el gobernador Martín Llaryora hasta al senador Maximiliano Abad. Este último espera hace rato por las negociaciones, truncas durante este año, en torno a la integración de la Corte Suprema bonaerense, que tiene por ahora cuatro vacantes y que Axel Kicillof no se define a ocupar: desde el radicalismo abundaron en que hubo un trato a fin del 2025 alrededor del Presupuesto que incluía la Corte y que, hasta ahora, sigue incumplido. Al gobernador, el rubro judicial no le atrae particularmente.
La cuarta de las listas que este martes intentará buscar una banca por los abogados en el consejo nacional es la que menos expectativa genera: se trata de La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López, respaldado por Sebastián Pareja. La campaña de Palomino abre un interrogante en el distrito que gobierna el PRO: si habrá o no un acuerdo entre ambos espacios el año próximo y qué rol jugará Ignacio Devitt, que mantiene una enemistad de hace años con la cúpula del partido amarillo de ese distrito.
Desde que empezó a prestarle más atención al rubro judicial y propició el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el gabinete, Karina Milei decidió que el Gobierno necesitaba empezar a disputar lugares de poder no solo en el Consejo de la Magistratura nacional -impulsó en su momento al diputado Gonzalo Roca- a través de Santiago Viola, sino también en el de la capital: el abogado Diego Carbone, muy conocido en el Poder Judicial, será el candidato de ese espacio el próximo mes para la renovación del organismo porteño en el que tallan fuerte Angelici y Olmos. Carbone tiene el aval de Pilar Ramírez y de la hermana presidencial.
