La jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Mayor Martín Bramatti ordenaron un nuevo allanamiento en la Unidad de Detención para recuperar dos celulares incautados a internos y otros elementos que el Servicio Penitenciario no había remitido a la Justicia. El procedimiento estuvo vinculado a la investigación por la golpiza a tres reclusos ocurrida el 9 de mayo en el pabellón B.
El procedimiento fue dispuesto de manera compulsiva, no como una simple orden de presentación, lo que evidenciaría sospechas judiciales sobre la falta de colaboración del Servicio Penitenciario con la investigación. En la causa hay siete integrantes de ese organismo imputados.
El análisis de comunicaciones internas entre penitenciarios reveló que en los días posteriores a los hechos se habían incautado dos celulares: uno al interno Leandro Soto y otro al interno Cristian Varas. Ambos están imputados dentro del grupo de 10 reclusos acusados por la agresión. Sólo del teléfono de Varas un oficial dejó constancia administrativa.
El informe sobre el análisis de 20 teléfonos ya incautados fue elevado por la división policial de Delitos Complejos. A partir de ese trabajo se detectó la falta de remisión de los dos celulares mencionados.
Además de los teléfonos, se buscan otros dos elementos que se presume fueron utilizados en la agresión: un destornillador y un palo de escoba astillado. Según la información desprendida de los análisis telefónicos, estos objetos habrían sido entregados por un preso a las autoridades penitenciarias, que tampoco los giraron a la Justicia. Se presume que con esos elementos fueron agredidos Burgoa padre, hijo y el interno Flores.
El allanamiento permitió recuperar los dos celulares incautados a los presos y el destornillador. El palo de escoba no fue hallado. La investigación continúa en curso.
