El 31 de octubre del año pasado Starlink, la empresa de Elon Musk, celebró con una publicación en inglés el comienzo de sus actividades en las islas Malvinas: “¡El internet de alta velocidad de Starlink ahora está disponible en las Falkland Islands!”. En efecto, el 30 de octubre de ese año el Falkland Islands Communications Regulator (el equivalente al Enacom de la Argentina) publicó el documento por el cual le otorgó la licencia para operar en el territorio.

Hace pocos días Perfil contó en una nota que la compañía había sellado un acuerdo con el Enacom y el Ministerio de Capital Humano para brindar conectividad a 6.000 escuelas rurales. Sin licitación ni concurso, ese convenio compromete un total cercano a los US$ 22 millones, de los cuales más de la mitad serán aportados por Argentina.

Pero en medio de una repentina reivindicación del Gobierno de la soberanía sobre las islas –que incluye un proyecto de ley y sanciones para las empresas que operan en ese territorio– la firma de este acuerdo pone de alguna manera al Gobierno ante una incompatibilidad entre el renovado discurso del presidente Javier Milei y la práctica. En este contexto, el secretario de Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, cuestionó públicamente a Starlink por la prestación de servicios de internet satelital en las islas Malvinas sin autorización del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

“A partir de las recientes sanciones impulsadas por el presidente Javier Milei contra las empresas que operen ilegalmente en nuestras islas Malvinas, resulta determinante accionar también contra Starlink. Es inadmisible que brinden servicios en nuestro territorio amparados en ‘licencias’ del gobierno usurpador británico”, destacó en su cuenta de X el funcionario.

“Todo servicio de telecomunicaciones en la República Argentina requiere obligatoriamente la autorización y licencia del Enacom”. Dachary fue más allá y agregó que no se trata solamente de haber pasado por alto a las autoridades argentinas, sino que además “este servicio de internet satelital beneficia y facilita directamente la logística y las operaciones de los buques extranjeros que participan en la exploración sistemática de nuestros recursos”.

“Si el Gobierno realmente considera que las Malvinas, como dice la Constitución Nacional, son territorio argentino, la autorización debería darla el Enacom”, sostuvo Gustavo López, ex vicepresidente del Enacom.

Este organismo tiene la facultad, aclaró, de llamar al representante legal de la compañía y exigirle que solicite el permiso correspondiente. “Debe intervenir de oficio porque el único que da autorización para servicios de Internet, de telefonía fija, de telefonía móvil, de correo, es el Ente Nacional de Comunicaciones. No lo están haciendo”, aseguró. “Esa es la doble vara o la inconsistencia de una política exterior que se reformuló a partir de las encuestas y a partir de la bandera de los hinchas y de la selección en el Mundial”, opinó.

“Sin embargo Starlink, una empresa con la que acaban de hacer un convenio vergonzoso (porque no hubo concurso de precios, no hubo invitación a otras empresas), está dando, con autorización inglesa, servicios en Malvinas. Y el Enacom mira para otro lado”, señaló.

La aplicación de este convenio se dará a través del Ministerio de Capital Humano y específicamente de la Secretaría de Educación.