
Un reciente informe de la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.) ha generado preocupación al incluir a la provincia de Tierra del Fuego en su mapa de riesgo de contrabando. Según la agencia, la condición de la provincia como área aduanera especial con supuestos “controles laxos” podría convertirla en un punto vulnerable para el tráfico de grandes cantidades de dinero en efectivo y estupefacientes, como el fentanilo.
El documento de la DEA señala varios factores que contribuirían a esta vulnerabilidad, entre ellos el contrabando, la corrupción, la evasión fiscal y un sector informal de la economía que facilita el lavado de activos. El informe también critica la falta de recursos de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno nacional y las demoras en el sistema judicial, que resultan en bajas condenas para los involucrados.
Aunque el fentanilo ha sido objeto de reportes en otras regiones del país, como los casos de Puerta 8 y los incidentes en el Hospital Italiano de La Plata, su posible conexión con Tierra del Fuego es un tema novedoso que ha despertado la atención. Sin embargo, el informe destaca que, a pesar de la alerta internacional, el debate público local ha permanecido en silencio.
Mientras las autoridades nacionales y provinciales insisten en que “no hay circulación en grandes cantidades” de fentanilo, las fuerzas de seguridad ya se preparan para enfrentar la amenaza. Se han reportado casos aislados de incautaciones de fentanilo en otras provincias, y en Tierra del Fuego, se están capacitando perros para detectar esta sustancia. La inclusión de la provincia en un informe de la DEA es un hecho sin precedentes que debería servir como una señal de alarma para las autoridades locales y un llamado a revisar y fortalecer los controles aduaneros en la región.