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El Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py ordenó este lunes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa conocida como “Vialidad” a pagar, de forma solidaria, la suma de 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por el perjuicio económico ocasionado al Estado Nacional a través del direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La resolución judicial se conoció este 15 de julio de 2025 y se enmarca dentro de la etapa de ejecución de sentencia, tras la condena dictada en diciembre de 2022. La decisión fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes fueron los encargados de juzgar y condenar a la ex mandataria por administración fraudulenta.
El detalle del decomiso y los implicados
La cifra de $684.106.460.199,63 fue determinada por el Ministerio Público Fiscal como el monto que se habría desviado del Estado en el marco de la maniobra que favoreció al empresario Lázaro Báez con 51 contratos viales en Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La resolución sostiene que el decomiso debe aplicarse solidariamente, es decir, que todos los condenados son responsables por el total del monto, independientemente de su grado de participación. Además de la ex presidenta, entre los responsables se encuentran Lázaro Báez, los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, entre otros.
El tribunal dispuso que la suma deberá ser afrontada con bienes propios de los condenados y ordenó al fiscal Diego Luciani y a la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal iniciar el proceso para la ejecución y embargo de bienes a tal efecto.
Una causa con peso histórico
La causa Vialidad se convirtió en uno de los expedientes más relevantes de la historia judicial argentina en materia de corrupción. En diciembre de 2022, Cristina Fernández fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, aunque aún se encuentra en instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia estableció que durante su presidencia se favoreció al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, muchas de las cuales quedaron inconclusas o con sobreprecios. El proceso judicial incluyó declaraciones de más de 100 testigos y se desarrolló durante más de tres años.
Reacción de la defensa
Tras conocerse la resolución del TOF 2, el abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, anticipó que apelarán la decisión, argumentando que no existe sentencia firme y que aún está pendiente de tratamiento el recurso extraordinario ante el máximo tribunal del país.
Desde el entorno de la ex mandataria también se cuestionó la cifra del decomiso, al considerar que no se tuvo en cuenta que varias de las obras adjudicadas sí fueron concluidas y que no todas las irregularidades pueden atribuírsele directamente a Cristina Fernández.
El contexto político y judicial
La decisión del tribunal ocurre en un contexto político tenso, con el oficialismo denunciando persecución judicial y lawfare, mientras que desde la oposición se celebra la resolución como un acto de justicia frente a años de impunidad.
Por otro lado, sectores judiciales remarcan que la ejecución del decomiso es una señal de que la Justicia no solo busca condenas penales, sino también reparar el daño económico generado al Estado por hechos de corrupción estructural.
En tanto, se espera que en las próximas semanas avancen las medidas concretas de embargo e identificación de activos de los condenados, mientras continúa el debate público y jurídico sobre la responsabilidad política y penal de quienes integraron las más altas esferas del poder.
