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El martes 27 de mayo, representantes del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se reunieron con el gobernador Gustavo Melella, el ministro de Educación Pablo López Silva y la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, para avanzar en los temas pendientes de la mesa paritaria salarial.
Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial confirmó la reapertura de dicha mesa para el jueves 29 de mayo, donde presentará una propuesta salarial elaborada junto al Ministerio de Economía. Además, manifestó su apoyo —con modificaciones— al proyecto de ley de financiamiento del sistema educativo provincial, e informó el próximo lanzamiento de un proceso de “transformación educativa” previsto para el 1 de julio, con participación de diversos actores del sistema.
SUTEF, por su parte, valoró la convocatoria, pero reiteró la necesidad de que cualquier reforma educativa incluya mayor inversión y protagonismo docente. En el posterior Congreso Provincial del gremio, con más de 140 delegados, se definieron nuevas medidas gremiales, incluyendo desobligaciones internas, asambleas y movilizaciones en las tres ciudades de la provincia durante los días 28 y 29 de mayo.
El gremio también solicitó un plan de desendeudamiento familiar no bancario, aunque el gobierno aclaró que actualmente trabaja en mecanismos vinculados al sistema bancario.
Resulta notable el nivel de interlocución que mantiene SUTEF con el Ejecutivo, sobre todo en comparación con otros gremios estatales como SIPROSA, que representa a los profesionales de la salud y cuya visibilidad y capacidad de incidir en la agenda pública y política del gobierno ha sido considerablemente menor. Esta diferencia en el trato deja en evidencia un desequilibrio en la atención que el Estado provincial brinda a distintos sectores de los trabajadores públicos.
En este contexto, si bien SUTEF reafirma su rol activo en la defensa del salario y la educación pública, el contraste con la situación de otros gremios también plantea preguntas sobre las prioridades políticas del gobierno y la eficacia de los canales de representación sindical.
