La tragedia aérea del Learjet 35A, ocurrida el 1° de julio de 2022 en Río Grande, vuelve a avanzar en la Justicia. La Fiscalía Federal Descentralizada solicitó la elevación a juicio oral de cinco imputados vinculados con la empresa Air Delta S.R.L., a quienes atribuye presuntas irregularidades en el mantenimiento de la aeronave. El accidente se produjo poco después del despegue de un vuelo sanitario y provocó la muerte de los dos pilotos, un médico y la enfermera Denise Torres García.

El requerimiento fue presentado el viernes 16 de octubre de 2026 por el fiscal federal Marcelo Rapoport ante el Juzgado Federal de Río Grande. La acusación alcanza a tres mecánicos, un inspector y un representante técnico de Air Delta S.R.L., firma responsable de las tareas de mantenimiento de la aeronave.

Según la investigación, los cinco imputados habrían incurrido en omisiones durante dos intervenciones técnicas realizadas sobre el sistema de control de alerones. Esas fallas habrían permitido que los tensores de los cables se desenroscaran progresivamente hasta desconectarse, lo que habría ocasionado la pérdida de control del avión durante el despegue.

La Fiscalía les atribuye el delito de desastre aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas, en calidad de coautores. Esta figura penal contempla penas de uno a cinco años de prisión.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta ausencia de los locking clips o clips de bloqueo, piezas destinadas a impedir que los tensores de los cables de los alerones se desenrosquen debido a las vibraciones durante el vuelo.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, la primera omisión se habría producido en febrero de 2020, durante una tarea de mantenimiento que incluía el ajuste de los cables. La segunda habría ocurrido en noviembre de 2021, cuando se inspeccionó el sistema sin advertir ni corregir la falta de esos elementos de seguridad.

La acusación sostiene que las responsabilidades no se limitarían a quienes ejecutaron los trabajos, sino que también alcanzarían a quienes debían inspeccionar, supervisar y garantizar la correcta realización de las tareas de mantenimiento.

Como parte de las pruebas se incorporaron peritajes técnicos y estudios sobre los restos del avión. El ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro, perito oficial que trabajó junto con especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, concluyó que la ausencia de los clips de bloqueo fue determinante para el accidente. En su informe, calificó la omisión como una «falta gravísima, causante del accidente de la aeronave».

El siniestro se produjo el 1° de julio de 2022, cuando el Learjet 35A, perteneciente a Flying America S.A., se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande con destino a Buenos Aires.

La aeronave regresaba a la capital luego de haber trasladado a un niño de cuatro años en un vuelo sanitario hacia la isla.

Poco después de iniciar la carrera de despegue por la pista 26, el avión se elevó unos metros, pero perdió el control. Tras inclinarse hacia la izquierda, recuperar momentáneamente su posición y volver a inclinarse hacia ese lado, terminó precipitándose a unos 1.870 metros de la cabecera de la pista, aproximadamente 300 metros a la izquierda de su eje.

El impacto destruyó la aeronave y provocó un incendio en el que murieron sus cuatro ocupantes: los pilotos Claudio Canelo y Héctor Vittore, el médico Diego Ciolfi y la joven enfermera Denise Torres García.

Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores analizaron las grabaciones de cabina, las comunicaciones con la torre de control, los informes meteorológicos, los motores, el historial de mantenimiento y las condiciones técnicas del avión.

La causa ya había registrado avances judiciales antes del pedido de elevación a juicio. El 20 de noviembre de 2025, los cinco acusados fueron procesados sin prisión preventiva.

Posteriormente, el 7 de julio de 2026, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó esos procesamientos, lo que permitió que la investigación avanzara hacia esta nueva instancia.

En paralelo, el tribunal revocó el procesamiento de otro imputado, socio gerente de Air Delta S.R.L., y dictó la falta de mérito. Por ese motivo, se ordenaron nuevas medidas de prueba para profundizar el análisis de su situación procesal.

Con el pedido de elevación a juicio oral, la Fiscalía busca que se analicen las presuntas responsabilidades penales por una tragedia que marcó a Río Grande y a Tierra del Fuego. La solicitud deberá seguir el trámite judicial correspondiente antes de que se determine la realización del debate oral.