El Municipio señaló que las transferencias acumulan atrasos de hasta 60 días y que la coparticipación representa el 80% de sus ingresos. Advirtió que los plazos aumentan mes a mes y dificultan afrontar sus obligaciones al cierre del año.

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on el proyecto de presupuesto 2027 ya presentado, el Ejecutivo de Río Grande reclamó que la Provincia regularice el envío de los fondos que corresponden a la ciudad. El planteo alcanza al sostenimiento de los servicios y a los compromisos con proveedores y empleados municipales, en un escenario en el que la administración local asegura que cada vez resulta más difícil organizar sus gastos.

El subsecretario de Finanzas del Municipio, Nicolás Giordano, sostuvo que los plazos exceden lo que puede considerarse una demora administrativa. Expresó que “nosotros estamos en 60 días. Yo te pregunto a vos, si vos tenés demora en los recursos de tu casa para hacer frente a todas tus obligaciones, ¿te parece que podemos utilizar la palabra demora en 60 días? ¿17.000 millones?”. Afirmó que esa situación “nos rompe la planificación de todos los servicios que llevamos adelante”.

Dentro del total reclamado, precisó que alrededor de 5.900 millones de pesos corresponden a fondos con atrasos de entre 40 y 60 días. Explicó que la dependencia de la coparticipación nacional y provincial obliga a programar el gasto según las transferencias previstas. El problema, sostuvo, es que los plazos se extienden y desarman esas previsiones. Señaló que “uno planifica en función de las estimaciones, teniendo en cuenta esa demora, y esa demora se va incrementando”.

Giordano citó la resolución 665/2009 como la norma que regula las transferencias y explicó que contempla envíos semanales de recursos nacionales y diarios de origen provincial. También recordó que, en una instancia judicial anterior, se había considerado razonable un plazo de 21 días para completar el proceso administrativo. Comparó ese antecedente con los 60 días que denunció actualmente y cuestionó que, aún con las herramientas tecnológicas disponibles, los recursos no lleguen con mayor rapidez.

La dificultad se traslada también a los proveedores municipales, que deben afrontar sus propios gastos y sostener empleos. El funcionario remarcó que el reclamo busca preservar la calidad de las prestaciones e incluyó entre las obligaciones que requieren un esfuerzo financiero creciente a los haberes de los trabajadores municipales.

Sobre las gestiones realizadas afirmó que “hemos hecho presentaciones por los medios correspondientes, venimos hablando en forma permanente todos estos años, pero insisto, esto es como la economía de una casa”. Advirtió que las conversaciones encuentran un límite cuando no permiten resolver la falta de recursos. Sostuvo que “ya no hay diálogo que se pueda llevar adelante, porque los recursos no alcanzan”. Explicó que las cifras se elaboran con reportes de Tesorería, registros contables y conciliaciones bancarias que permiten comparar los fondos informados con los efectivamente recibidos. A la vez, cuestionó los tiempos de rendición de la recaudación provincial y aseguró que el Municipio recién contaba con los informes definitivos correspondientes a junio.

Giordano diferenció la coparticipación de los recursos extraordinarios destinados a obras. Confirmó que el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, FAMP, afectará fondos a Río Grande, aunque no detalló proyectos ni montos. También expresó reparos sobre la distribución de aportes extraordinarios entre las ciudades.

Respecto de los próximos pasos por la coparticipación, dejó en manos del intendente Martín Pérez la definición de nuevas acciones. Señaló que “independientemente de todas las herramientas que teníamos al alcance y que hemos utilizado, ahora vamos a llevar un poco más adelante esto” y anticipó que el jefe comunal deberá intervenir para continuar el reclamo.