La situación de los fondos de coparticipación volvió a reunir a representantes de distintas instituciones de Río Grande, en un encuentro donde se analizó el estado de las transferencias provinciales y su incidencia en el funcionamiento de la administración municipal.

La reunión contó con la participación del secretario de Gobierno, Gastón Díaz, integrantes del equipo de Finanzas del Municipio, concejales y representantes del Juzgado de Faltas y del Tribunal de Cuentas.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo municipal, los fondos pendientes de transferencia superan los 17.000 millones de pesos, mientras que las demoras en los envíos alcanzarían los 45 días.

Durante el encuentro se evaluaron las consecuencias que esta situación podría generar sobre la planificación financiera y el sostenimiento de los servicios que presta el Municipio.

 

El impacto en los servicios municipales

Desde el Municipio señalaron que la regularidad en la recepción de los recursos resulta fundamental para garantizar el funcionamiento de distintas áreas, entre ellas el servicio de agua y cloacas, los dispositivos municipales de salud, los espacios deportivos y el transporte público.

También hicieron referencia a los programas de asistencia social, las becas y las iniciativas de acompañamiento a familias que atraviesan dificultades económicas.

En ese marco, Díaz expresó su preocupación por las demoras y consideró necesario avanzar en mecanismos que permitan garantizar una mayor previsibilidad en la disponibilidad de los fondos.

 

Evalúan los próximos pasos

Uno de los puntos abordados fue el funcionamiento de la mesa de trabajo creada por ordenanza, que reúne al Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas.

Este espacio busca compartir información financiera y coordinar acciones institucionales vinculadas con la situación de la coparticipación.

Díaz destacó el acompañamiento de los distintos bloques del Concejo Deliberante y adelantó que se prevé realizar un reclamo formal por la vía administrativa, sin descartar una instancia judicial en caso de que resulte necesario.

El objetivo planteado por las autoridades municipales es avanzar en la regularización de las transferencias y contar con mayor previsibilidad para la administración de los recursos y la continuidad de los servicios públicos.