La Legislatura de Tierra del Fuego se ubicó entre las diez más costosas del país en relación con la cantidad de representantes. Con un presupuesto anual de $26.629 millones y apenas 15 integrantes, el cuerpo quedó en el séptimo puesto nacional por gasto por legislador, según un informe elaborado por la Fundación Libertad a partir de los presupuestos provinciales de 2026.

El cálculo arroja un costo de $1.775 millones anuales por cada legislador fueguino, equivalente a casi $148 millones mensuales por banca. El indicador no representa solamente las dietas, sino toda la estructura necesaria para el funcionamiento del Poder Legislativo: personal permanente y transitorio, asesores, autoridades, servicios, contrataciones y demás gastos administrativos.

La cifra supera en un 16% el promedio de los 24 distritos analizados, estimado en $1.531 millones anuales por representante. Tierra del Fuego también aparece por encima de provincias con legislaturas más numerosas y complejas, como Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Mendoza y Salta.

Solamente Tucumán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén registraron un costo por banca mayor. El primer lugar correspondió a Tucumán, con indignantes $3.725 millones anuales por legislador, mientras que San Luis quedó en el extremo opuesto, con $176 millones.

Aunque las diferencias deben interpretarse considerando estructuras institucionales, regímenes salariales y formas de contabilización propias de cada jurisdicción, la ubicación de Tierra del Fuego resulta difícil de relativizar. La provincia posee uno de los cuerpos legislativos más pequeños del país, pero sostiene una estructura cuyo costo individual está entre los más elevados.

La responsabilidad política y administrativa alcanza especialmente a la vicegobernadora Mónica Urquiza, quien preside la Legislatura y conduce institucionalmente el cuerpo. Si bien el presupuesto es aprobado por los legisladores y forma parte de una decisión colectiva, la máxima autoridad legislativa no puede quedar desvinculada del volumen del gasto, su composición ni de los resultados obtenidos.

Por el contrario: Desagregada, la desvergüenza no puede dividirse por quince. Habitual es escuchar a los legisladores de todos las bancadas quejarse de que la presidencia los tiene sometidos a una limitación extrema de las respectivas partidas. De ser así, la casi totalidad de la culpa del dispendio recae sobre Mónica Urquiza, a la que (por ejemplo) el número de asesores y los gastos de representación le siguen creciendo en proporción geométrica.

Más bancas, mayor presupuesto

El dato adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de ampliar la composición de la Legislatura en las próximas elecciones provinciales. El artículo 89 de la Constitución establece una integración básica de 15 representantes, pero permite sumar uno por cada 10.000 habitantes que excedan los 150.000, hasta un máximo de 25.

A partir de la población registrada en Tierra del Fuego, si existiera la decisión política de aplicar esa posibilidad, en 2027 podrían elegirse 19 legisladores: cuatro más que los actuales. No se trata de una incorporación automática, pero el escenario está jurídicamente contemplado y podría ser promovido.

Si se proyectara sobre 19 bancas el costo unitario calculado para 2026, el presupuesto legislativo superaría los $33.730 millones anuales a valores actuales, alrededor de $7.100 millones más. La estimación es teórica, porque una parte de la estructura existente no necesariamente crecería de manera proporcional, pero permite dimensionar el efecto que tendría una ampliación sin una revisión simultánea de los gastos.

El informe sostiene que las legislaturas provinciales argentinas destinan, en promedio, el 84% de sus recursos a personal. También señala que el conjunto de los 24 poderes legislativos demanda $1,84 billones anuales y representa el 1,15% de los presupuestos provinciales considerados.

En ese contexto, la eventual incorporación de cuatro representantes debería estar precedida por una discusión pública sobre su necesidad, sus beneficios institucionales y su impacto presupuestario. Ampliar la representación puede responder al crecimiento demográfico, pero hacerlo sobre una estructura que ya se encuentra séptima en costo por banca podría profundizar una situación que exige explicaciones.

La posición de Tierra del Fuego plantea, en definitiva, un interrogante sobre la correspondencia entre recursos, actividad parlamentaria y resultados. La Legislatura, con Urquiza al frente, tiene la responsabilidad de transparentar su estructura, justificar sus erogaciones y demostrar que uno de los costos por representante más altos del país encuentra respaldo en un funcionamiento acorde.