La Justicia federal obligó a las empresas petroleras a informar previamente al Ministerio de Economía los aumentos de combustibles. La decisión se produjo tras un amparo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) que logró declarar inconstitucional una resolución del gobierno nacional.
El amparo colectivo tramitó en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, interinamente a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla. La sentencia declaró la nulidad de la resolución 717/25 del Ministerio de Economía, que había derogado la Resolución 314/16 del entonces Ministerio de Energía y Minería.
La norma anulada dejaba sin efecto el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor, implementado durante la gestión del exministro de Energía Juan José Aranguren. Esta herramienta centralizaba y transparentaba la información de los valores de venta al público en las estaciones de servicio de todo el país, permitiendo su comparación y promoviendo la competencia en el mercado minorista. La información tenía carácter público e incluía un canal de denuncias para reportar inconsistencias.
La organización demandante sostuvo que la derogación implicaba un retroceso en la protección de los consumidores al eliminar una herramienta que garantizaba información inmediata, reducía la opacidad del mercado y facilitaba el control estatal y ciudadano. También afirmó que el nuevo esquema mensual no ofrece un nivel equivalente de protección.
El Estado nacional rechazó esta interpretación y argumentó que la información sobre precios continúa disponible por otros mecanismos oficiales y plataformas digitales. Sostuvo además que la eliminación de la obligación de informar cada modificación no vulnera el derecho constitucional de acceso a la información ni implica disminución de controles.
Al analizar la admisibilidad de la acción colectiva, el juzgado consideró que el planteo presenta una cuestión concreta vinculada con derechos de incidencia colectiva. La sentencia destaca que el proceso consiste en determinar si la derogación del régimen que obligaba a informar rápidamente las modificaciones puede afectar potencialmente a todos los consumidores de combustibles del país.
Paralelamente, en la Legislatura bonaerense avanza un proyecto impulsado por la diputada del massismo Ayelén Rasquetti para que se informen con 72 horas de anticipación las actualizaciones en los precios.
