El jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, cuestionó la ampliación de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y aseguró que la Provincia profundizará las acciones judiciales y administrativas para recuperar su administración. Denunció que Nación se lleva los recursos sin ejecutar obras y ratificó que continuarán las inspecciones laborales y ambientales, pese a las restricciones impuestas por las autoridades portuarias.

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l jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, expresó su indignación por la decisión del Gobierno nacional de ampliar la intervención federal del Puerto de Ushuaia y advirtió que la Provincia continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance para recuperar su administración. Cuestionó especialmente la negativa de las autoridades portuarias a permitir inspecciones laborales y ambientales, al considerar que pretenden funcionar al margen de los organismos de control provinciales.

"Esta intervención lo que quiere es que nadie la controle", sostuvo el funcionario, al referirse a los impedimentos que encontraron inspectores del Ministerio de Trabajo y de las áreas ambientales para ingresar a las instalaciones portuarias.

Canals explicó que las actuaciones laborales se iniciaron a partir de denuncias sobre las condiciones en las que se desempeñan trabajadores dentro del puerto. Aclaró que se trata de inspecciones habituales, similares a las que se realizan en cualquier establecimiento comercial o industrial de Tierra del Fuego, por lo que consideró injustificable la resistencia de las autoridades nacionales.

"Parecería que quieren ser un principado dentro de la propia Provincia de Tierra del Fuego, que tenga sus propias leyes, sus propios controles", ironizó, y aseguró que el Gobierno no renunciará a sus facultades de fiscalización.

En ese sentido, anticipó que el Ministerio de Trabajo volverá a presentarse en el puerto y que, si persiste la negativa a permitir las inspecciones, se avanzará con las acciones legales correspondientes. Respecto de una eventual clausura o inhabilitación de determinadas actividades portuarias por situaciones de riesgo o peligro para los trabajadores, aclaró que serán las autoridades laborales quienes evalúen las medidas que correspondan según las irregularidades que puedan constatarse.

El funcionario confirmó que también continuarán las inspecciones ambientales y remarcó que la intervención federal no puede desconocer las competencias de los organismos provinciales.

Nuevas acciones judiciales

En relación con la ampliación de la intervención, Canals cuestionó que el Gobierno nacional haya decidido prolongar una medida que, a su entender, nunca estuvo debidamente justificada.

Recordó que la intervención original se fundamentó en supuestos problemas de seguridad de las instalaciones, pero aseguró que, después de casi diez meses, no se ejecutaron obras significativas que permitan sostener aquellos argumentos.

"No han hecho nada más que llevarse todos los recursos que tienen que ver fundamentalmente con la Provincia de Tierra del Fuego", denunció.

Explicó que el Gobierno provincial mantiene distintas presentaciones judiciales y que recientemente solicitó un pronto despacho a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para obtener una definición sobre el amparo presentado contra la intervención.

Además, reveló que se analizan nuevas acciones legales debido a que la ampliación de la medida nacional pretende avanzar sobre más sectores actualmente bajo jurisdicción provincial.

Canals también destacó la actuación de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas, y defendió la potestad de este último organismo para fiscalizar los recursos públicos generados por la actividad portuaria.

Cuestionamientos por los recursos y la falta de obras

Otro de los aspectos centrales de sus declaraciones fue el destino de los ingresos que genera el puerto. Canals sostuvo que los recursos que deberían ingresar a la Dirección Provincial de Puertos están siendo administrados por organismos nacionales, sin que exista información suficientemente clara sobre su utilización.

Aseguró que, pese al tiempo transcurrido desde la intervención, no observó trabajos de infraestructura relevantes ni proyectos concretos que permitan justificar la continuidad de la administración federal.

También cuestionó el anuncio de un plan de obras hasta 2028, al señalar que no se precisaron las fuentes de financiamiento ni se presentaron licitaciones que permitan verificar su ejecución.

"No vi una máquina trabajando adentro, no vi un ingeniero, no vi un arquitecto, no vi nada", afirmó.

En contrapartida, cuestionó las contrataciones realizadas durante la intervención y aseguró que el servicio de seguridad estaría costando entre tres y cuatro veces más que antes.

Para el jefe de Gabinete, la ausencia de mejoras concretas demuestra que los argumentos utilizados originalmente para intervenir el puerto perdieron sustento.

Diálogo con Nación y cuestionamientos políticos

Canals reveló que, apenas dos días antes de conocerse la ampliación de la intervención, había mantenido conversaciones con funcionarios del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Gabinete nacional para establecer mesas de trabajo destinadas a superar el conflicto.

Por ese motivo, consideró particularmente contradictoria la decisión de prolongar la medida mientras se encontraban abiertos canales de negociación.

Atribuyó esa situación a la existencia de diferentes posiciones dentro del propio Gobierno nacional y sostuvo que las disputas internas podrían estar influyendo en las decisiones sobre el puerto fueguino.