La eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros podría modificar la estructura de la propiedad rural en Argentina. El proyecto en debate en el Senado, denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por el oficialismo, facilitaría el ingreso de capitales extranjeros al sector agropecuario, según advirtieron especialistas consultados.
La iniciativa elimina el tope del 15% de tierras rurales que actualmente pueden quedar en manos extranjeras, así como los límites por nacionalidad y las restricciones de superficie por propietario. También suprime el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, alrededor de 62 millones de hectáreas —equivalentes al 35% del territorio nacional— pertenecen a poco más de 1.200 grandes propietarios, que representan apenas el 0,1% del total de dueños privados. La Patagonia constituye uno de los casos más representativos de concentración, con enormes extensiones en manos de conglomerados internacionales.
Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras de la UBA, consideró que uno de los principales efectos sería el incremento del valor de la tierra. Explicó que la eliminación del límite del 15% podría permitir que la participación extranjera creciera de manera sustancial y, en un contexto de tipo de cambio favorable para inversores internacionales, aumentaría la demanda sobre campos argentinos. Ese escenario presionaría al alza los precios y complicaría el acceso para pequeños y medianos productores.
Como ejemplo mencionó Misiones, donde el 11% del territorio provincial ya pertenece a propietarios extranjeros y cinco departamentos superan el límite previsto por la legislación vigente. Allí, la expansión de la empresa chilena Arauco sobre plantaciones forestales desplazó parte de la producción yerbatera, según indicó.
Julieta Caggiano, doctora en Estudios Territoriales y cofundadora del Observatorio de Tierras de la UBA, advirtió que la reforma podría acelerar el proceso de extranjerización a una escala mayor. Según explicó, grandes empresas agroexportadoras, forestales, mineras y vinculadas a la producción de alimentos tendrían mayores posibilidades de expandirse sobre distintas regiones del país. A su juicio, el resultado implicaría una mayor concentración de la propiedad rural, la desaparición de producciones regionales, una reducción del empleo y una creciente dependencia de grandes capitales internacionales.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sostuvo que, al desaparecer los límites actuales, el Estado pierde una de sus principales herramientas para prevenir procesos de concentración de la propiedad y de apropiación de recursos naturales estratégicos.
