El programa de ciudadanía argentina por inversión, conocido internacionalmente como "pasaporte dorado", permanece sin vigencia más de un año después de su anuncio por parte del Gobierno. La iniciativa fue presentada como parte de una reforma del régimen migratorio y de ciudadanía mediante el DNU 366/2025 en mayo del año pasado, y extendida a través del Decreto 524/2025 publicado en julio de 2025, pero aún falta la última reglamentación legal para su implementación.
El programa busca captar divisas de personas de alto patrimonio del exterior a cambio de la concesión de la ciudadanía argentina mediante determinados montos de inversión. Sectores importantes del Gobierno y empresas internacionales del sector de la ciudadanía por inversión comenzaron a presionar en las últimas semanas para que la medida sea aprobada lo antes posible.
Al menos tres miembros de la Mesa Política del oficialismo están intentando destrabar el proceso en términos burocráticos. Uno de los funcionarios consultados reconoció que el tema estuvo paralizado, aunque aseguró que el procedimiento avanza en revisión y saldrá en algún momento.
El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, es una de las áreas que está revisando el tema. Existe apuro para que esta cartera se expida sobre el asunto, aunque no sería la única con reparos sobre la forma de aplicación de la normativa. También hay reclamos desde un despacho de la Casa Rosada que impulsa la salida de la Agencia de Migraciones, anunciada el año pasado.
Según el artículo 6 del último decreto publicado, la aplicación del programa corresponde a la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), dependiente del Ministerio de Economía y liderada por Aixa Granara. El proceso también requiere la intervención de las áreas legales de Presidencia y Economía. Un funcionario advirtió sobre el riesgo de que personas financiadas por Estados extranjeros obtengan ciudadanía, planteando la necesidad de estar atentos a situaciones que puedan vulnerar la seguridad nacional.
El mecanismo prevé que los interesados presenten su solicitud ante la APCI, que evaluaría si el desembolso cumple con los criterios establecidos y elevaría una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones. El análisis incluiría informes del Ministerio de Seguridad, la UIF, el Registro Nacional de Reincidencia, el Renaper y la SIDE, entre otros organismos. La DNM tendría 30 días hábiles para resolver si concede o rechaza la ciudadanía.
Entre 2025 y 2026 se realizó un concurso público internacional para seleccionar una firma que asistiera en el diseño e implementación del programa, en el cual se presentaron únicamente empresas extranjeras. El procedimiento fue finalmente dejado sin efecto tras objeciones de dos firmas participantes. Abogados especializados en derecho migratorio plantean dudas sobre transparencia e imparcialidad, ya que las mismas empresas que colaboraron en el diseño podrían actuar como intermediarias una vez que el programa esté operativo. Existe además la posibilidad de establecer un sistema de licencias que limite la presentación de solicitudes a determinados actores autorizados.
