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REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: LOS 11 CAMBIOS CLAVE QUE IMPULSAN EN LA ARGENTINA

El Gobierno proyecta una reforma integral del Código Penal con el objetivo de modernizar un cuerpo legal con más de cien años de vigencia.
A continuación, los 11 puntos centrales que generarán el debate:

  1. Cadena perpetua efectiva: se propone que quienes reciban esta condena no puedan acceder a la libertad condicional.
  2. Endurecimiento de penas por delitos graves: especialmente en casos de abuso sexual, robo con armas, corrupción y narcotráfico.
  3. Decomiso anticipado de bienes: se busca que el Estado recupere bienes vinculados al delito incluso antes de una condena firme, aplicable a casos de corrupción, narcotráfico y delitos de lesa humanidad.
  4. Legítima defensa y presunción a favor de fuerzas de seguridad: en el nuevo texto, el accionar de policías podría tener una presunción de legalidad, lo que genera tensiones respecto al control judicial del uso de la fuerza.
  5. Incorporación de nuevos delitos: se tipificarán delitos informáticos, estafas piramidales, modalidades con inteligencia artificial, tráfico de órganos, delitos ambientales y contra la propiedad intelectual.
  6. Delitos en el ámbito deportivo y espectáculos masivos: penas más severas para los ilícitos cometidos en eventos de alta concurrencia.
  7. Corrupción y enriquecimiento ilícito: se propone ampliar las escalas penales, incluir más sujetos como responsables y dificultar la impunidad.
  8. Crimen organizado autónomo: se creará una figura independiente de asociación ilícita para abordar organizaciones complejas con sanciones más duras.
  9. Delitos contra el orden internacional: se incluirán figuras como genocidio, desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos imprescriptibles.
  10. Limitaciones a libertades anticipadas y salidas judiciales: el proyecto busca restringir beneficios como la libertad condicional para determinados delitos.
  11. Reiterancia delictiva y prisión preventiva ampliada: la reforma contempla que el simple hecho de tener antecedentes o estar procesado en otra causa pueda justificar restricciones cautelares más severas.