Policía fueguina en crisis

La Policía fueguina en crisis: el colapso silencioso de su caja de jubilaciones

La Caja Previsional de la Policía Provincial de Tierra del Fuego está, según fuentes internas, técnicamente quebrada. Lejos de ser una crisis momentánea, la situación es el resultado de años de presuntos malos manejos, estafas y decisiones políticas opacas que han llevado al desfinanciamiento total del sistema de jubilaciones.

El impacto de este desastre financiero se manifiesta en la desigualdad y el malestar de los retirados. Mientras la llamada “casta policial” —los oficiales de mayor jerarquía— cobra sus haberes a tiempo, el personal de menor rango y los suboficiales sufren atrasos sistemáticos. Desde hace cuatro meses, sus pagos se postergan hasta el día 20, y la falta de pago del aguinaldo y el sueldo de julio ha encendido las alarmas y la indignación entre los más afectados.

El reclamo de los retirados se centra en la falta de transparencia y la humillación que sienten por parte de las autoridades. Denuncian que el directorio de la Caja, designado por el poder político, actúa con total discreción y sin rendir cuentas. La situación se agrava con el reparto de jerarquías como “favores políticos”, mientras aquellos que “dieron la vida por la institución” se preguntan si cobrarán sus haberes. En este panorama de desfinanciamiento y desatención, el silencio oficial solo profundiza la crisis y el descontento de quienes ven cómo el sistema que los debería proteger se desmorona.

La crisis se agrava por inversiones desastrosas, como los casos “Hard Rock” y la presunta estafa conocida como “Michi”, que dejaron un agujero millonario en las arcas. A esto se suma una bomba de tiempo legal: una demanda por 13 millones de dólares relacionada con terrenos en Altos de la Estancia. Si este juicio avanza, la situación podría volverse “devastadora”.

El problema de fondo es el desequilibrio del sistema previsional, regulado por una Ley Provincial 834 que quedó obsoleta. Con más jubilados que aportantes, el modelo no se sostiene. El desinterés por la carrera policial y la fuga de personal activo empeoran el panorama. Según el titular del organismo, Bordón, “no hay plata para afrontar todos los gastos”, y el pago de los haberes depende de la “asistencia” del Ejecutivo provincial.

Para intentar salir de este pozo, la conducción de la caja propone una reforma urgente de la ley, vender inmuebles, mejorar las inversiones y pedir ayuda financiera. Sin embargo, se descarta una fusión con otras cajas, con el objetivo de proteger los haberes de los jubilados. Mientras tanto, la indignación crece entre los beneficiarios, que exigen transparencia, respuestas claras y un plan que asegure el pago de sus derechos.