
La Cámara de Apelaciones de Nueva York tomó una decisión crucial en el caso de YPF al suspender temporalmente la orden que obligaba a Argentina a transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a fondos litigantes liderados por Burford Capital. Esta medida se tomó mientras se analiza la apelación presentada por el Gobierno argentino.
La disputa se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF en manos de Repsol sin lanzar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas. En 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes y condenó a Argentina a pagar $16.100 millones.
El subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija, aseguró que el Gobierno volverá a insistir para suspender el fallo de la jueza Preska. “El Gobierno argentino argumenta que la sentencia no está firme y que se puede ejecutar, pero que apelará y se defenderá en todas las instancias posibles”, afirmó.
Los demandantes tienen hasta el jueves 17 de julio para presentar su oposición a una suspensión más larga. El Estado argentino tendrá tiempo hasta el martes 22 de julio para responder. Un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si concede la suspensión del fallo durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.
La decisión de la Cámara de Apelaciones es un alivio para el Gobierno argentino, ya que evita una posible transferencia de acciones que podría haber tenido un impacto significativo en la economía del país. La situación sigue siendo incierta, pero el Gobierno argentino parece tener una oportunidad para defender sus intereses en este caso.